Una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, empezó a tomar forma en el Congreso de la República, tras cuestionamientos al Decreto de Urgencia N.º 010-2025 que dispone la reorganización patrimonial de Petroperú. La iniciativa es impulsada por la congresista Heidy Juárez, de la bancada de Podemos Perú.
El documento plantea censurar a la titular del MEF por su “responsabilidad política en el desmantelamiento de Petroperú” y por el presunto perjuicio económico y social causado al Estado y, en particular, a la región Piura. Según la moción, la norma abre la puerta a la fragmentación de activos estratégicos de la empresa estatal y pone en riesgo la seguridad energética nacional.
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Entre los principales cuestionamientos figura la autorización para transferir S/ 240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas con el fin de financiar la reorganización interna y medidas de personal. Para los promotores de la censura, esta decisión implica desviar recursos que estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial, profundizando las brechas sociales en el interior del país.
Asimismo, se critica la obligación impuesta a Petroperú de transferir S/ 144 millones a Proinversión para la gestión de sus activos, lo que -según el texto- podría derivar en una eventual enajenación, reduciendo el valor patrimonial de la empresa y comprometiendo su viabilidad operativa a largo plazo.
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La moción también advierte que las facultades otorgadas por el decreto para culminar contratos de explotación vigentes generarían una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano, afectando los ingresos de gobiernos locales, regionales y universidades, especialmente en Piura.
Otro de los puntos sensibles es el impacto sobre la Nueva Refinería de Talara. De acuerdo con la iniciativa, la resolución unilateral de contratos de servicios pondría en riesgo la continuidad operativa de este activo estratégico, con posibles efectos en el abastecimiento de combustibles y en la economía del norte del país.
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Finalmente, el documento cuestiona a la ministra Miralles por una supuesta promoción de la tercerización laboral, que -según la moción- amenazaría la estabilidad de trabajadores y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena de hidrocarburos. Además, se le atribuye incapacidad técnica para diseñar un plan de salvataje que no implique la cesión del patrimonio estatal, así como declaraciones públicas que habrían afectado la percepción del mercado sobre los bonos soberanos.
La moción deberá reunir las firmas necesarias para ser admitida a trámite y, de prosperar, ser debatida y votada en el Pleno del Congreso.
