La Comisión Permanente del Congreso archivó el informe final sobre la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, durante el inicio de su gobierno.
Con 12 votos a favor y 10 en contra, se aprobó mandar al archivo esta denuncia, que además de la mandataria, se incluía a varios de sus exministros que trabajaron en su gestión durante estos hechos.
La denuncia constitucional incluía al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, y a los exministros Alberto Otárola en su calidad de titular de la cartera de Defensa y posteriormente jefe de la PCM, César Cervantes Cárdenas, Vicente Romero Fernández y Víctor Rojas Herrera como ministros del Interior, y Jorge Chávez Cresta en el ministerio de Defensa.
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Todos ellos habían sido denunciados por los presuntos delitos omisión impropia, homicidio calificado, lesiones graves y leves conforme a artículos 108, 121 y 122 del Código Penal y en el contexto de violaciones de derechos humanos.
El informe sugirió archivar la Denuncia Constitucional 509 por no haberse hallado pruebas de una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal en sede parlamentaria.
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Los hechos corresponden a las protestas registradas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió la presidencia, y el 9 de febrero del 2023. Según la Fiscalía, en ese período hubo 44 fallecidos, 47 personas con lesiones graves y 69 con lesiones leves.
Por otra parte, el informe mencionó que no se probó que Boluarte tuviera control operativo o conocimiento concreto de represión desproporcionada en tiempo real.
“No hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender”, se indicó en el documento.
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¿Podría reactivarse el caso?
El abogado penalista Andy Carrión indicó que cuando la Comisión Permanente decide archivar un caso, la acusación constitucional ya no puede ser reabierta por el Congreso.
Sin embargo, precisó que la Fiscalía aún puede investigar si surgen nuevas pruebas o testimonios.
“Existe posibilidad de reactivar el caso en el futuro, depende de pruebas nuevas, actores e información novedosa recabada por fiscales”, puntualizó.
Los hechos corresponden a las protestas registradas en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió la presidencia, y el 9 de febrero del 2023. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
