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La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe de calificación de la denuncia constitucional presentada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra cuatro legisladores de Acción Popular (AP) sindicados de integrar el grupo denominado “Los Niños”.
Estos son: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza.
De esta manera, el órgano parlamentario le otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que realice la investigación del caso y presente su respectivo informe final.
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A inicios de diciembre pasado, el grupo de trabajo que lidera Lady Camones admitió a trámite la denuncia que impulsaba Benavides contra estos cuatro legisladores, pero solo por el presunto delito de tráfico de influencias y no por organización criminal. Dicha decisión fue ratificada por la Comisión Permanente.
Esto, debido a que los cargos de organización criminal chocaban con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el cual limita que se puedan procesar por los mismos hechos a alguna autoridad sino hasta el siguiente periodo anual de sesiones con pruebas que sustenten los hechos.
Como se recuerda, en mayo pasado el Pleno del Congreso mandó al archivo la denuncia constitucional presentada por Patricia Chirinos contra estos cuatro legisladores por estos mismos hechos.
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¿De qué se acusa a estos cuatro legisladores?
De acuerdo a la denuncia constitucional del Ministerio Público, tanto Vergara como Flores, Espinoza y Doroteo formarían parte del denominado “brazo congresal” de la organización criminal que habría liderado el expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado de diciembre pasado.
Según la hipótesis fiscal, los cuatros congresistas en mención habrían tenido el rol de “garantizar la permanencia de Castillo y, en general, de los miembros de la organización criminal en el poder estatal, votando en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de ministros y emitiendo votos a favor de las cuestiones de confianza que planteaba el Ejecutivo”.
“Los aludidos congresistas, una vez integrados a la organización criminal, habrían desplegado como parte de su plan criminal diferentes actos de corrupción en, entre otros, el Ministerio de Transportes, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda, buscando copar y aprovecharse de diversos procesos de contratación llevados a cabo en las citadas entidades”, se lee en el documento fiscal.
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