A través de un comunicado, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) denunció que el Gobierno de Dina Boluarte habría intentado “amordazar y amedrentar” a los integrantes de la Junta Directiva de dicha institución tras sostener una reunión virtual con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de diciembre de 2024.
Durante dicha reunión, los miembros del CAL cuestionaron la aprobación de normas inconstitucionales no observadas por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo, la ley que modifica la definición del crimen organizado, que terminó por beneficiar a algunos procesados en casos emblemáticos, como la red de Rodolfo Orellana, Cuellos Blancos del Puerto, entre otros.
LEA TAMBIÉN: Colegio de Abogados de Lima investigaría a fiscal Marita Barreto
Además, expresaron su preocupación por los proyectos de ley que buscan retirar al Perú de la CIDH, la norma que compromete la autonomía del Ministerio Público al permitir allanamientos sin autorización judicial o fiscal y las propuestas para tratar a adolescentes como adultos en el sistema penal, también cuestionada por UNICEF.
Frente a ello, en el texto se advierte que la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Sara Farfán Cuba, acusó a los miembros del CAL de reunirse con la CIDH sin autorización de la asamblea general. La funcionaria los denunció ante el Consejo de Ética de dicha institución.
“Esta postura desconoce las normas internas del CAL y su Estatuto, cuyo artículo 25 establece claramente que el Decano personifica al CAL, lo representa y responde de la marcha institucional”, indican en el comunicado.
El CAL calificó de alarmante que dicha dirección del Minjus vulnere principios fundamentales de la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la difusión del pensamiento y las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias de los colegios profesionales.
LEA TAMBIÉN: Colegio de Abogados de Lima verá caso de Alberto Otárola por ocultar carta de la OCDE
“Lamentamos que la presidenta Dina Boluarte, abogada, agremiada y exdirectiva del CAL, desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país”, concluye el texto.
CAL dará cuenta de esta “amenaza” ante la CIDH
En diálogo con RPP, el decano del CAL, Raúl Canelo, denunció que la funcionaria del Minjus que los acusó actúa por encargo del Ejecutivo.
“Todos tenemos derecho a la opinión, decano o no decano. Tenemos derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y derecho a reunirme con quien yo considere pertinente. Es una actitud, desde mi punto de vista, intolerante, antidemocrática pero no preocupa porque parecería que no les gusta la crítica, y es una crítica seria, técnica, la hemos efectuado ante la CIDH como corresponde”, cuestionó.
En ese sentido, negó que él o los otros miembros de su institución necesiten de una autorización de los asambleístas para participar en reuniones o para opinar sobre distintos temas.
“Lo peor es que la presidenta de la República ha sido miembro de la junta directiva, conoce perfectamente el estatuto del CAL. No tiene sentido, no nos van a amedrentar”, acotó, tras precisar que dará cuenta de esta “amenaza” del Gobierno ante la CIDH.
LEA TAMBIÉN: CAL expresa su preocupación por el proceso de selección de nuevos miembros de la JNJ