Si bien el mes pasado fue voceado como candidato presidencial con miras a los comicios del 2026, el exmandatario se encontraba delicado de salud a raíz del cáncer que padecía desde la época en la que purgaba prisión.
En mayo pasado, fue diagnosticado con un nuevo tumor maligno en la lengua y, pese a que unos meses después fue operado con éxito, su estado siempre fue de pronóstico reservado.
Si bien Fujimori será recordado por haber pacificado el país tras derrotar a Sendero Luminoso, con el apoyo de la Policía, también estuvo envuelto en procesos por corrupción y delitos de lesa humanidad.
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En el año 2007 fue condenado a 25 años de prisión por la masacre de Barrios Altos y La Cantuta; sin embargo, años después salió de la cárcel tras recibir un indulto humanitario. Esto generó las críticas de de diversos organismos, entre ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Antes de su deceso, afrontaba un juicio oral por el caso Pativilca y no había pagado un solo sol de la reparación civil que le impuso el Poder Judicial
Esto, a pesar de que el Congreso otorgó darle una pensión vitalicia de S/ 15,600 y demás beneficios, como el pago de un asesor y vales de combustible.
Ante la muerte de Fujimori, ¿qué pasará con su deuda por concepto de reparación civil, así como con los diversos procesos judiciales en los que estaba involucrado y el pago de su pensión vitalicia?
En esta notas trataremos de resolver estas interrogantes.
Una reparación civil que no se pagará
Además de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, Fujimori fue sentenciado por otros cuatro casos: el pago de la CTS a su exasesor, Vladimiro Montesinos, los congresistas tránsfugas y la compra de líneas editoriales, el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra y los Diarios Chicha (su sentencia fue anulada en segunda instancia).
Al respecto, el abogado penalista Carlos Caro y el expresidente del TC, Óscar Urviola, coincidieron en señalar que la deuda por este concepto se extinguirá al no poder ser cobrada.
En diálogo con Gestión, Caro recordó que el Código Civil y Penal precisan que el Estado peruano sí puede exigir el pago de la reparación civil a los herederos del fallecido, pero solo hasta donde alcance la denominada “masa hereditaria”; es decir, los bienes que el sentenciado pudo haber dejado de herencia.
No obstante, la Procuraduría Anticorrupción advirtió el año pasado que Fujimori no tiene ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargado.
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“La deuda no es hereditaria. La Procuraduría no ha podido hacer nada por cobrar esa deuda debido a que Fujimori no tiene bienes registrados a su nombre (...) acá en el Perú las deudas solo se pueden ejecutar hasta donde llegue el patrimonio del causante. Cuando el condenado no tienes bienes inmuebles; entonces, no hay forma de cobrar la deuda porque no hay herencia”, acotó.
El penalista recalcó que la Procuraduría tampoco puede incautar los bienes muebles e inmuebles de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular.
“No hay forma de que la deuda por reparación civil persiga a los herederos. Estos solamente podrían responder por la deuda si hubiera una masa hereditaria que, en este caso, entiendo que no la hay”, aseveró.
En tanto, Urviola recordó que la responsabilidad penal es “personalísima” y que la reparación civil de Fujimori, tras su muerte, se convertirá en impagable debido a que este no dejó un patrimonio o herencia.
“Si no tiene patrimonio ahí queda esa responsabilidad, salvo que Fujimori tenga bienes sobre el cual pueda recaer la medida y donde tengan derechos los herederos (...) Si no existe un patrimonio que pueda cubrir la responsabilidad civil del sentenciado, bueno, eso se convertirá en una deuda incobrable por parte del Estado, lamentablemente”, señaló a este diario.
Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, indicó en su momento que agotará todas las instancias legales hasta llegar al Tribunal Constitucional para evitar pagar la reparación civil. (Foto: GEC).
La pensión vitalicia y demás beneficios se interrumpirán
Ante esta situación, la Mesa Directiva, encabezada por Eduardo Salhuana, acordó convocar a un grupo de expertos en derecho constitucional para que analicen la viabilidad de este beneficio. El informe legal debía ser elaborado en un plazo de 60 días y, hasta la semana pasada, solo se habían recibido las opiniones de dos especialistas.
Tanto Caro como Urviola señalaron que tras la muerte del exmandatario la pensión se dejará de pagar debido a que este no tiene una viuda o hijos menores de edad beneficiarios.
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“El pago de la pensión se interrumpirá, porque no es producto de un descuento que le hayan hecho a su sueldo para términos previsionales. No es como tu AFP que te descuentan cada mes. Entonces, eso no es hereditario. Solamente rige mientras esté vivo el presidente”, dijo Caro.
En tanto, Urviola recalcó que el deceso del exmandatario no impide que la Fiscalía siga investigando las presuntas irregularidades al momento de tramitar el pedido de pensión vitalicia.
Ambos expertos añadieron que los otros beneficios que recibía Fujimori, como son los vales de combustible y el pago de un asistente personal, también se interrumpirán. Sin embargo, enfatizaron que la Procuraduría si podría embargar los S/ 10,920 que habría cobrado el exmandatario en julio pasado por este concepto.
A inicios de agosto, la Mesa Directiva del Congreso acordó otorgarle una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
No será juzgado por otros siete casos
Por estos hechos, la fiscal adjunta superior Elsa Delgado Pérez solicitó que se dicte contra el exmandatario y las demás personas 25 años de prisión efectiva, así como una inhabilitación para ejercer la función pública por el plazo de 5 años.
Estos son: Las esterilizaciones forzadas, el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la embajada de Japón en Lima y el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros.
Fujimori también fue acusado de peculado en el caso ‘Chavimochic’. Se le imputa haber entregado US$ 800,000 de los fondos públicos del desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) al empresario Augusto Miyagusuku para que compre terrenos en el Proyecto de Irrigación Chavimochic, ubicado en La Libertad.
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Caro y Urviola coincidieron en señalar que la responsabilidad penal que tiene el expresidente en estos siete casos, tras su muerte, se extinguirá, por lo que este no podrá ser procesado ni mucho menos juzgado.
“Con la muerte de Fujimori se produce la extinción de la acción penal (...) se archiva sus procesos, ya no podrá ser juzgado. Todas sus acusaciones se extinguirían, ya no hay más que hacer”, dijo Caro, tras precisar que los demás involucrados en los procesos seguirán siendo juzgados.
En tanto, Urviola indicó que en Chile las autoridades deberán mandar al archivo el proceso de ampliación de extradición que pesaba en contra de Fujimori.
“Si la corte de Chile continúa el proceso y lo aprueba en segunda instancia, una vez que llegue al Perú el juez deberá archivar todos los procesos contra Fujimori por una razón fundamental: nadie puede ser juzgado en su ausencia y sin poder ejercer su derecho de defensa. Es fundamental que la persona esté viva”, enfatizó.
Antes de su deceso, Alberto Fujimori enfrentaba un juicio oral por el caso Pativilca. Fuente: Poder Judicial.
Deceso de Fujimori favorece a posición del Perú ante la Corte IDH
El fallo, que consta de 29 páginas, determinó que el Estado peruano incurrió en un “desacato de la resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar”, que emitió el presidente de la Corte IDH el pasado 5 de diciembre, así como las resoluciones de supervisión de cumplimiento de las sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta, que fueron emitidas el 30 de mayo del 2018 y el 7 de abril del 2022, respectivamente.
El desacato del Perú, según refiere la Corte IDH, sería informada ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como se dispuso que el estado peruano informe, a más tardar el 4 de marzo del 2024, sobre cómo está cumpliendo con la obligación de sancionar las graves violaciones a los derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En abril pasado, el Gobierno respondió a la Corte IDH sobre el indulto que se otorgó al expresidente. En el documento precisan que el beneficio otorgado a Fujimori estuvo acorde al principio de proporcionalidad y los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que este tendría deterioro físico y mental por su avanzada edad y enfermedades que padece.
También insistieron en que han cumplido con el control constitucional, debido a que se habría optado por proteger al exmandatario por ser un adulto mayor. De lo contrario, según señala el Ejecutivo, el haberlo mantenido recluido en el penal de Barbadillo sería contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Tanto Caro como Urviola coincidieron en señalar que el deceso de Fujimori favorece a la posición del Estado peruano frente a la Corte IDH, por lo que adelantaron que nuestro país no recibirá ninguna sanción.
“La controversia en la Corte IDH era si el Perú estaba cumpliendo o no con la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, al haber sido liberado Fujimori con el indulto (...) el cuestionamiento de la corte era que Fujimori no estaba tan enfermo y que no se había acreditado su enfermedad, por lo que su indulto debía ser rechazado, pero en la medida que ya falleció eso zanja cualquier discusión”, apuntó Caro.
En tanto, el abogado constitucionalista señaló que “el caso está cerrado”. En ese sentido, consideró que la muerte del expresidente ratifica aún mas la justificación que se tuvo para otorgarle el indulto.
“Seguramente la Corte IDH insistirá en que el Perú no cumplió con ejecutar la sentencia y presentará un informe ante la asamblea de la OEA, pero de ahí no pasa más allá. Ahí queda, como más de 300 o 400 casos en los que se ha dado cuenta de incumplimientos de sentencias por parte de otros países”, dijo Urviola, tras descartar que la OEA imponga alguna sanción contra el Perú.
En diciembre pasado, la Corte IDH declaró en desacato al Estado peruano por tramitar la liberación de Alberto Fujimori | Foto: Reuters.
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
