El Ministerio Público ordenó una investigación preliminar de 60 días para determinar la responsabilidad de quienes estén involucrados en las presuntas irregularidades relacionadas con el trámite de la pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori.
Como se recuerda, el Congreso aprobó otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que una ley, firmada por el propio Fujimori hace 30 años durante su mandato, prohíbe conceder este beneficio a exgobernantes que hayan sido sentenciados.
A pesar de la apertura de la investigación, la Mesa Directiva aún no ha sido notificada. Se espera que en las próximas horas el documento llegue a la mesa de partes del Parlamento.
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El Ministerio Público tendría como principal investigada a Heydi Figueroa, jefa del departamento de Recursos Humanos, quien aprobó la viabilidad de la resolución que benefició a Alberto Fujimori, tal como se mencionó en el dominical Cuarto Poder.
Es importante recordar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción informó que Alberto Fujimori tiene una deuda por reparación civil de aproximadamente S/ 57 millones, derivada de tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial.
Antecedentes
En junio pasado se reveló que el área administrativa del Parlamento aprobó la pensión vitalicia a favor de Alberto Fujimori. Esta decisión se tomó después de considerar las conclusiones de la Oficina Legal y Constitucional, basadas en el Informe 049-2024-OLCC-OM-CR del 3 de mayo.
La decisión fue criticada porque la normativa establece que, para que un expresidente reciba los S/ 15,600 de pensión vitalicia, no debe tener una acusación constitucional por parte del Congreso. Según la oposición, Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, no cumpliría con este requisito.
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Hace unas semanas, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, negó que el expresidente tenga alguna acusación constitucional que le impida recibir una pensión vitalicia.
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