El 17 de abril de 2019 el Ministerio Público incautó en la vivienda del expresidente Alan García dos teléfonos celulares, tras la muerte del líder aprista. Cinco años después el Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de dichos dispositivos.
El juez Leodan Cristobal Ayala declaró fundado el requerimiento realizado por el despacho del fiscal José Domingo Pérez para que se autorice judicialmente la ejecución de esta medida sobre estos equipos incautados como parte de la investigación preparatoria seguida al exministro aprista Luis Nava y otros por el caso Metro de Lima vinculado a Odebrecht.
Respecto a los equipos, el magistrado autorizó la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis acceso, visualización y almacenamiento de correos electrónicos y demás comunicaciones o correspondencia informática enviadas, recibidas almacenadas, borradas de cualquier modalidad del contenido de los dispositivos de almacenamiento.
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Asimismo, estableció la prohibición de cualquier tipo de extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de información y otra similar ajena a la investigación formalizada y determinó también que, una vez ejecutada esta medida, la autoridad fiscal deberá dar cuenta de su ejecución a su juzgado para los fines de ley, informó RPP.
¿Qué dice la resolución ?
Mediante una resolución emitida el último 11 de marzo, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que la medida decretada por su despacho es idónea, necesaria y proporcional, al precisar que, si bien el expresidente Alan García fue excluido de esta investigación tras su muerte, con la solicitud presentada, el ente fiscal no busca información penal respecto de la persona fallecida, menos de sus herederos, sino sobre los otros investigados con los que el exmandatario tuvo comunicación en vida con el uso de los equipos incautados “por lo que resulta legítima la solicitud respecto a la intervención de equipos de la persona fallecida”.
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“Los equipos celulares incautados podrían contener elementos de convicción que coadyuven a esclarecer hechos máxime si se investiga presuntos hechos de lavado de activos a través de empresas off shore vinculadas a la empresa Odebrecht y a Faresh Miguel Ayala Herrera”, señaló.
El juez Leodan Cristobal Ayala remarcó que, si bien esta incautación fue realizada por la Fiscalía Provincial de Miraflores, esta instancia dejó expresa constancia de que dichos equipos se encontraban a disposición del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato.
¿Qué dicen los herederos de Alan García?
La defensa legal de los herederos del exmandatario solicitó que se declarara improcedente este requerimiento fiscal por ser contrario al marco normativo y contener un pedido jurídicamente imposible, pues de manera encubierta se estaría buscando levantar el secreto de las comunicaciones de una persona fallecida, a quien ya se declaró extinguida en la acción penal.
Se argumentó que los herederos del exmandatario no son parte de este proceso, no existen suficientes elementos de convicción que vinculen de manera concreta al exjefe de Estado para seguir considerando que sus equipos telefónicos pudieran servir para descubrir esa suerte de liderazgo de una organización criminal y que el fiscal no estableció de manera concreta a qué hechos o qué actos o situaciones podrían servir esas comunicaciones, “por el contrario, lo que se quiere pedir es toda la información como una suerte de pesca para ver qué encuentra”.
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