La Sala Plena de la Corte Suprema, que preside Janet Tello Gilardi, presentará una iniciativa legislativa para habilitar de manera indefinida a los gobiernos regionales y locales desarrollar proyectos de inversión pública que fortalezcan el servicio de justicia.
Así lo anunció Tello Gilardi en el I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Fortalecer el Sistema de Justicia, que convocó a juezas, jueces y gobernadores y alcaldes de diversas tiendas políticas, para concretar acuerdos en beneficio del país.
“Cuando un gobierno regional o local invierte en infraestructura judicial es un dos más dos que fortalece la seguridad ciudadana, combate a la criminalidad, genera confianza institucional, impulsa el desarrollo local y, por supuesto, garantiza la tutela jurisdiccional efectiva”, afirmó Tello Gilardi.
La magistrada sostuvo que este proyecto complementará la Ley 32513 del Presupuesto del Sector Público que permite (pero solo para el año fiscal 2026) a los gobiernos regionales y locales a intervenir en favor del Poder Judicial, desde la formulación de proyectos como para financiar y ejecutar infraestructura judicial.
LEA TAMBIÉN: Expenal San Jorge será renovado: PJ presenta ante MML avances del proyecto
“Desde el Poder Judicial ponemos a disposición a nuestros equipos técnicos especializados, desde la etapa de formulación hasta la ejecución de los proyectos, garantizando que cada inversión tenga impacto directo en el acceso a la justicia y en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, expresó.
Brecha de infraestructura judicial en el Perú es una herida abierta
Tello Gilardi ratificó que el Poder Judicial avanza en un proceso de modernización sin precedentes, pero que la tecnología requiere soporte físico y este infraestructura segura, funcional e interoperable, como en el caso de las unidades de flagrancia, promovidas por la institución.
“La brecha de infraestructura judicial en el Perú es una herida abierta y no hay acceso real a la justicia cuando un ciudadano debe recorrer largas distancias para llegar a un juzgado, ni cuando jueces y servidores deben trabajar en locales que no reúnen condiciones mínimas de dignidad y seguridad”, dijo.
Recalcó que el Poder Judicial tiene la misión constitucional de administrar justicia, pero solo esta puede cumplirse plenamente cuando existen condiciones materiales mínimas como infraestructura adecuada, conectividad, tecnología, recursos humanos y la cercanía a las personas.
“Con esta propuesta, vamos a dejar un camino definido de aquí adelante; no buscamos edificaciones suntuosas, buscamos sedes funcionales, conectadas, donde puedan coexistir todas las instituciones”, sostuvo.
LEA TAMBIÉN: Unidades de flagrancia: casos de extorsión recibieron condenas de 15 años hasta cadena perpetua
Cabe señalar que el planteamiento del Poder Judicial, según destacó la titular del Poder Judicial, busca reforzar el ordenamiento jurídico nacional que brinda las herramientas para que esta institución avance de manera articulada con los gobiernos regionales y locales.
Por ejemplo, mencionó la Ley 27867 que faculta a los gobiernos regionales administrar y disponer de los bienes de su propiedad, pudiendo autorizar la donación o sesión en uso de inmuebles en favor de entidades públicas, como el Poder judicial, siempre que se acredite el interés público.
De igual forma, la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley 27972, que autoriza a los consejos municipales a aprobar la donación o sesión en uso de bienes inmuebles en favor de entidades públicas.
“La propia ley permite la donación o permuta de bienes municipales de los poderes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial, lo que durante estos años se ha venido dando por parte de los alcaldes y de los gobiernos regionales, en cuanto a la donación y sesión por ejemplo de terrenos”, indicó.
Asimismo, señaló que la normativa de inversión pública vigente autoriza a los gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión pública, destinados a reducir esa brecha de infraestructura tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, previa suscripción de convenios específicos.
Empero, la titular del Poder Judicial aclaró que estos convenios de ninguna manera implican afectación alguna a la independencia de los administradores de justicia.
LEA TAMBIÉN: Janet Tello rechaza expresiones que descalifican labor del Poder Judicial
PREDIOS PARA SERVICIOS
El marco referido, señaló, se complementa con las disposiciones del Sistema Nacional de Bienes Estatales, regulado por el Decreto Legislativo N.º 1439 y la Ley N.º 29151, que permiten la transferencia y administración eficiente de predios destinados a servicios públicos esenciales, como la justicia.
“Las normas están dadas, el marco legal es claro, el momento es ahora; la historia no recordará los presupuestos que no se ejecutaron, que retornan al tesoro público, cuando perfectamente se podría invertir en infraestructura para el Poder Judicial”, afirmó.
La brecha de infraestructura judicial en el Perú es una herida abierta y no hay acceso real a la justicia cuando un ciudadano debe recorrer largas distancias para llegar a un juzgado, sostuvo, Janet Tello. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
La jueza suprema recordó, además, a los gobernadores regionales y locales que la justicia no se construye solo desde los códigos ni desde los tribunales; sino que se construye también desde el propio territorio, desde la presencia concreta del Estado, donde más se necesita.
“La historia no recordará los presupuestos sin ejecutar, sino las decisiones que se tomaron cuando la oportunidad estuvo presente; los colores políticos pasan, la gestiones concluyen, pero una obra permanece y cuando esta obra está el servicio de la población, dura para toda la vida”, puntualizó
Cabe resaltar que este encuentro se dio en el marco de la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del país, Gerentes/as y/o jefes de administración distrital del Poder Judicial, desarrollado desde el día 28 al 30 de enero, en el edificio Carlos Zavala, del Poder Judicial, en Lima.
El evento, en que se evaluó los resultados alcanzados por el Poder Judicial durante 2025 y, a la vez, se definieron con claridad las proyecciones y prioridades para 2026, fue clausurado por el integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia.
