
La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó este jueves la reincorporación de la destituida fiscal general Delia Espinoza como fiscal suprema titular del Ministerio Público, tras declarar fundada en parte la demanda de amparo que interpuso contra una de las inhabilitaciones por diez años aprobadas por el Congreso.
La decisión judicial restituye a Espinoza su condición de fiscal suprema, aunque no implica su retorno al cargo de fiscal de la Nación, función que ejerció entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 antes de ser apartada.
Por mayoría, los magistrados de la Sala resolvieron declarar fundada la demanda de amparo de Espinoza contra el Legislativo y, por tanto, inaplicable los efectos de las resoluciones legislativas, aprobadas en diciembre contra la ex fiscal de la Nación, que derivaron en su separación del Ministerio Público.
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El Congreso había impuesto una primera inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos en el marco de un proceso por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica e instigación a la usurpación de funciones.
El caso
La sanción estuvo relacionada con la decisión atribuida a Delia Espinoza de no permitir la participación de la Policía Nacional en investigaciones preliminares contra altos funcionarios, como aprobó el Parlamento, apartando a los fiscales de esa función.
La resolución judicial dispone su reincorporación de Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, como “fiscal suprema titular del Ministerio Público”, siempre que no exista otra resolución administrativa o judicial que lo impida.

No obstante, la Sala también precisó que el Congreso mantiene intactas sus facultades para continuar actuando, dentro de sus competencias, respecto de las imputaciones formuladas contra la ex fiscal de la Nación por presuntas infracciones constitucionales y delitos de función.
A inicios de este mes, el pleno del Congreso aprobó una segunda inhabilitación contra Espinoza por diez años. Esta nueva sanción se originó tras una denuncia presentada contra 11 congresistas que respaldaron una ley que les permitía continuar percibiendo pensiones como militares o policías en retiro, además de sus remuneraciones parlamentarias.
La destitución
Espinoza permaneció al frente de la Fiscalía de la Nación hasta septiembre de 2025, cuando fue suspendida en medio de la crisis interna que atravesaba el Ministerio Público tras la suspensión de su antecesora, Patricia Benavides, investigada por presuntamente liderar una red de corrupción dentro de la institución.
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En enero pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó su destitución como fiscal suprema al considerar que dilató la reposición de Benavides.
Posteriormente, el fiscal supremo Tomás Gálvez asumió interinamente la Fiscalía de la Nación y dispuso la desactivación de equipos especiales que investigaban emblemáticos casos de corrupción, entre ellos los vinculados a la constructora brasileña Odebrecht y la red denominada “Los Cuellos Blancos”.







