El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, reconoció que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, estaría utilizando tecnología que dificulta determinar su ubicación exacta, pese a que aparece públicamente en actividades virtuales y concede entrevistas a medios.
“Utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación”, señaló el alto mando policial durante declaraciones a la prensa desde Chiclayo. Según explicó, estas herramientas son aprovechadas por Cerrón para participar en enlaces en vivo sin ser rastreado.
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Las afirmaciones se dan en un contexto en el que el también candidato presidencial permanece en condición de no habido desde octubre de 2023. No obstante, su presencia en el debate político continúa a través de intervenciones remotas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de su búsqueda.
Arriola insistió en que la institución mantiene el compromiso de capturarlo y descartó cualquier tipo de beneficio o trato diferenciado. “No hay impunidad”, enfatizó durante la presentación de resultados de operativos policiales.
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Orden de captura sigue vigente
En paralelo, el Poder Judicial del Perú renovó las órdenes de ubicación y captura contra Cerrón, tanto a nivel nacional como internacional, para que cumpla los 24 meses de prisión preventiva dictados en su contra.
La medida fue adoptada por el juez Leodán Cristóbal Ayala, luego de que las órdenes previas vencieran el pasado 29 de marzo. La resolución, emitida el 27 de marzo, dispone además su inscripción en el Registro Nacional Judicial (Renaju).
Cerrón es investigado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, vinculados al financiamiento de campañas de Perú Libre entre 2008 y 2021.
Mientras tanto, el exgobernador regional de Junín espera que el Tribunal Constitucional resuelva un hábeas corpus con el que busca anular la prisión preventiva dictada en su contra, en un caso que mantiene alta relevancia política en medio del proceso electoral en curso.
