El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó la creación del Servicio de Consulta Nacional de Antecedentes Penales (SCNAP), el cual está orientado a brindar a los jueces y juezas penales de todo el país información procesal oportuna, confiable y consolidada, registrada en el Sistema Judicial Integrado (SIJ) a nivel nacional.
Así lo dispuso el órgano de gestión de este poder del Estado, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, a través de la Resolución Administrativa N.° 000112-2026-CE-PJ.
La disposición precisa que la información que se proporcione mediante dicho servicio de consulta tiene carácter estrictamente administrativo e institucional, la cual no podrá ser utilizada para fines de control judicial y dirección del proceso con el modelo procesal penal acusatorio.
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Esta iniciativa surge a raíz de los constantes requerimientos de los órganos jurisdiccionales penales de información institucional respecto a la existencia de otros procesos en los que estén involucradas personas investigadas, procesadas o imputadas en distintos distritos judiciales del país.
Las referidas solicitudes se presentan en el marco de actuaciones jurisdiccionales de gran relevancia tales como la evaluación de la prisión preventiva y la adopción o variación de medidas de coerción personal.
También resultan necesaria para la acumulación de procesos, la determinación de medidas de protección y otras decisiones que exigen una adecuada valoración del contexto procesal de la persona sometida a investigación o proceso penal.
“La propuesta de creación del SCNAP tiene por finalidad optimizar el uso de la información institucional existente, brindar soporte informativo confiable a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, fortalecer el control judicial y la coherencia del sistema de justicia”, señala uno de los considerandos de la norma.
Primera etapa
Asimismo, el órgano de gobierno judicial dispuso que la implementación del servicio se realice, en una primera etapa, con alcance nacional para los órganos jurisdiccionales penales.
Esto, sin perjuicio de evaluar su ampliación progresiva a otras especialidades jurisdiccionales conforme a los criterios de necesidad, demanda e impacto institucional.
La implementación del servicio de consulta está alineado con los principios del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión del Estado, orientados a la mejora de la calidad del servicio público, la simplificación de los procedimientos y el aprovechamiento eficiente de los recursos tecnológicos existentes.
De acuerdo con la citada resolución administrativa, el servicio recientemente creado será administrado por la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario de la Gerencia General del Poder Judicial.
