El Poder Judicial ordenó la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica dentro del proceso penal que se sigue contra el exsecretario general de este partido, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el denominado caso Alas Peruanas.
La medida fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo, quien declaró fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía especializada en lavado de activos el 30 de abril de 2025, a fin de que el partido político sea incluido formalmente en la investigación.
Durante la audiencia previa, la defensa legal de Fuerza Popular solicitó que el pedido fiscal sea declarado “improcedente”. Argumentó que no existiría una relación jurídica válida debido a la ausencia de una imputación concreta y sostuvo que, al existir seis versiones defectuosas de imputación por parte del Ministerio Público, no era posible determinar si el partido habría favorecido o encubierto presuntos actos de lavado de activos.
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Asimismo, la defensa señaló que el plazo de la investigación preparatoria venció el 5 de mayo de 2025, por lo que —a su criterio— ninguna persona natural o jurídica podría ejercer adecuadamente su derecho de defensa ni el principio de igualdad si la investigación ya había concluido y la incorporación se autorizaba con posterioridad.
Sin embargo, la jueza Salcedo declaró infundada la oposición de la defensa al verificar que el Ministerio Público presentó su solicitud de incorporación dentro de la etapa procesal correspondiente, el 30 de abril de 2025. Añadió que la tramitación del pedido no se realizó oportunamente debido a las recusaciones reiteradas contra los jueces planteadas por los investigados.
En una resolución emitida el 15 de diciembre de 2025, según menciona RPP, la magistrada precisó además que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales exigidos para que su requerimiento sea admitido en este proceso penal.
En ese marco, la jueza dispuso que el órgano social de la persona jurídica Partido 2011 —hoy Fuerza Popular— designe un apoderado judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de que dicho representante sea nombrado por el propio despacho judicial.
La tesis fiscal sostiene que en este caso se investiga la presunta existencia de una organización criminal y que, al interior de Fuerza Popular, se habrían recibido aportes ilícitos con el fin de obtener poder político en el Ejecutivo. Según el Ministerio Público, dichos fondos tendrían como origen aportes provenientes de empresas vinculadas a Joaquín Ramírez y de presuntas operaciones comerciales ilícitas relacionadas con la Universidad Alas Peruanas, entre otros hechos materia de investigación.
La posición de Fuerza Popular
Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de la República por Fuerza Popular, cuestionó la decisión judicial de incorporar al partido en el caso Alas Peruanas y afirmó que, hasta el momento de sus declaraciones, la agrupación política no había sido notificada formalmente.
Sostuvo en el programa Cuentas Claras de Canal N que la información se difundió primero en los medios y consideró que esta situación responde a la actuación de “un sector cada vez más minoritario” del Ministerio Público.
A su juicio, se trata de una narrativa reiterada que busca volver a vincular al partido y a Keiko Fujimori con investigaciones por lavado de activos.
Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, cuestionó la decisión judicial. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)
El secretario general de Fuerza Popular señaló que la investigación contra Joaquín Ramírez se extiende por casi ocho años y consideró que la eventual incorporación del partido constituiría un “absurdo legal” y un “abuso”, al producirse —según dijo— fuera de la etapa correspondiente. Remarcó que la investigación preparatoria habría concluido en junio del año pasado y que, conforme a resoluciones supremas y criterios vigentes, una persona jurídica solo puede ser incorporada durante dicha fase.
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Galarreta también rechazó la tesis fiscal sobre los aportes atribuidos a Ramírez, incluidos inmuebles, y aseguró que estos habrían sido declarados y documentados.
En ese sentido, sostuvo que no existe un circuito de lavado de activos y criticó que la hipótesis del Ministerio Público se base en supuestos futuros, como la presunta intención de obtener poder político para luego devolver favores, sin que —según afirmó— se haya acreditado la comisión de un delito concreto.
Finalmente, el parlamentario andino descartó irregularidades en el financiamiento del partido y afirmó que Fuerza Popular ha cumplido con las normas electorales vigentes. Indicó que en la campaña del 2021 no se registraron problemas relacionados con aportes y aseguró que, de cara al 2026, el partido continuará declarando todos los aportes privados, conforme a la legislación actual, al sostener que las reglas son claras y que el financiamiento partidario se maneja dentro del marco legal.
