El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicó el reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social, que plantea una nueva normativa para quienes accedan a subsidios estatales.
Uno de los nuevos puntos es que, adquirir una vivienda de interés social para luego alquilarla como fuente de ingresos dejaría de ser posible para los beneficiarios, ya que el proyecto establece que deberán usar el inmueble como residencia propia.
Si en ese periodo el beneficiario alquila la vivienda, deja de habitarla o incumple las condiciones del subsidio, no solo perderá la posibilidad de acceder a futuros apoyos del Estado, sino que también enfrentará sanciones por el incumplimiento.
LEA TAMBIÉN: Mercado inmobiliario se transforma: nuevas zonas con menos proyectos, pero alta densidad
Además, se precisa que los beneficiarios deben ocupar la vivienda como residencia habitual por cinco años, sin posibilidad de arrendarla. Si se incumple esto, perderán acceso a nuevos programas, dejarán de recibir beneficios financieros y deberán devolver el subsidio con los intereses legales generados desde su desembolso.
Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los recursos públicos se orienten efectivamente al acceso a vivienda propia y no a la obtención de ingresos mediante el alquiler de inmuebles financiados por el Estado.
LEA TAMBIÉN: Más de 50,000 viviendas salen con fideicomiso, ¿por qué las personas deben exigir esa garantía?
Asimismo, se creó el Registro Nacional de Vivienda (RENAVI), en el que deberán inscribirse los proyectos de Vivienda de Interés Social para acceder a programas y beneficios estatales, en donde también se fijaron parámetros técnicos mínimos para las viviendas.
Según la regla, las viviendas deberán tener un área inicial de 35 metros cuadrados, aunque de forma excepcional podrán construirse desde 25 metros cuadrados, siempre que cumplan con los requisitos de habitabilidad y seguridad vigentes.
Imagen referencial de la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Foto: Difusión
