Indecopi ordenó el embargo de cuentas y la suspensión de cobros a dos inmobiliarias investigadas por presuntas irregularidades en la venta de lotes. Foto: Indecopi.
Indecopi ordenó el embargo de cuentas y la suspensión de cobros a dos inmobiliarias investigadas por presuntas irregularidades en la venta de lotes. Foto: Indecopi.

Ante el elevado número de reclamos y denuncias presentados contra Aybar Corp S.A.C. y Aybar Investments S.A.C., el dispuso una serie de medidas cautelares contra ambas . La decisión responde a presuntas irregularidades vinculadas con la venta de lotes que no contarían con saneamiento legal y que, además, no habrían sido entregados dentro de los plazos pactados con los compradores.

Desde el año pasado hasta la fecha, la entidad ha recibido 277 denuncias por presuntas infracciones al relacionadas con proyectos desarrollados por estas compañías, ubicados principalmente en las provincias de Lima, Huaral, Ica y San Martín.

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Las mediadas cautelares ordenaron:

  • Entre las medidas adoptadas figura el embargo en forma de retención de las cuentas bancarias de las empresas investigadas, con el fin de proteger los derechos de los consumidores afectados y asegurar el eventual cumplimiento de sanciones o medidas correctivas que pudieran imponerse.
  • Asimismo, se dispuso el cese de nuevos requerimientos de pago por saldos pendientes a los clientes, hasta que se esclarezcan los hechos materia de investigación. En consecuencia, cualquier cobro adicional por parte de estas inmobiliarias queda suspendido de manera preventiva.
Indecopi ordenó el embargo de cuentas y la suspensión de cobros a dos inmobiliarias investigadas por presuntas irregularidades en la venta de lotes. Foto: Indecopi.
Indecopi ordenó el embargo de cuentas y la suspensión de cobros a dos inmobiliarias investigadas por presuntas irregularidades en la venta de lotes. Foto: Indecopi.

Los procedimientos son tramitados por los Órganos Resolutivos de Protección al Consumidor de las sedes de Lima Sur y Lima Norte.

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De confirmarse las infracciones, los órganos resolutivos podrían imponer multas de hasta 450 UIT por cada caso, además de dictar medidas correctivas destinadas a reparar el eventual perjuicio patrimonial ocasionado.

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