
La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 808, 280 en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado debido a la programación y pago de guardias hospitalarias en servicios no comprendidos en la normativa vigente, y por guardias diurnas del personal técnico y auxiliar.
Detalló que los pagos se produjeron durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025, hechos que fueron evidenciados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 8954-2026-CG/GRMD-AC.
La comisión auditora verificó que funcionarios del hospital programaron en dichas guardias hospitalarias a personal de salud que no realizaba labores en emergencia, cuidados intensivos, cuidados intermedios, centro quirúrgico de emergencia, diagnóstico por imágenes para emergencia, hospitalización y farmacia de emergencia.
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Lo mismo ocurrió con el desembolso por guardias diurnas a personal técnico y auxiliar que efectuaba servicios de apoyo, como recaudaciones, tesorería, vigilancia, mantenimiento y limpieza, pese a que la regulación establece que dicho beneficio corresponde únicamente cuando se realizan en turno nocturno. Además, estas programaciones y pagos se efectuaron sin contar con las resoluciones de aprobación de programación de guardias hospitalarias correspondientes.

La auditoría concluyó que estas acciones contravinieron diversas disposiciones legales que regulan la política de compensaciones y entregas económicas al personal de salud del Estado, así como los lineamientos y reglamentos que norman la programación, ejecución y pago de guardias hospitalarias en los establecimientos del Ministerio de Salud.
Según el informe, las irregularidades fueron efectuadas por directores ejecutivos, subdirectores, jefes de departamentos y servicios, así como responsables de las Oficinas de Personal, Administración y de las áreas encargadas del Control de Asistencia y Permanencia, quienes participaron en la programación, aprobación, ejecución y autorización de los pagos observados.
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Como resultado de la auditoría, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil, administrativa y/o sujeta a procedimiento administrativo sancionador en 24 funcionarios y servidores públicos que desempeñaron cargos directivos y de jefatura durante el periodo evaluado. El informe fue comunicado al titular de la entidad para que adopte las acciones correspondientes.







