
El Gobierno declaró el estado de emergencia en diversos distritos fronterizos de provincias ubicadas en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Madre de Dios, Piura, Puno, Ucayali y Loreto.
Según lo estipulado, por 60 días calendario se declaró el estado de emergencia en distritos fronterizos de las provincias de Condorcanqui y Bagua, en Amazonas; y en el distrito de Namballe en la provincia de San Ignacio, Cajamarca.
Asimismo, la medida también abarca a los distritos de la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios; y los distritos de Lancones, Suyo y Ayabaca, en el departamento de Piura.
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Además, el estado de emergencia alcanza a los distritos de San Juan del Oro de Yanahuaya, Sina, Ananea, Cojata, Huayrapata, Moho y Tilali, Yunguyo, Tinicachi y Ollaraya, Desaguadero, Kelluyo y Pisacoma, y Capazo en Puno.
Del mismo modo, en los distritos de Masisea, provincia de Coronel Portillo; Yurua en la provincia de Atalaya y Purús en la provincia homónima, en el departamento de Ucayali.
También se declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, con el objetivo de combatir el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas; además de reforzar el control migratorio y fronterizo en la zona.
La medida fue oficializada mediante decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
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Restricción de derechos
Durante el estado de emergencia, de acuerdo con los establecido al artículo 137 de la Constitución, se restringen o suspenden ciertos derechos, como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personal.
Para actividades masivas religiosas, culturales, deportivas o no deportivas, se deberá pedir permiso a las autoridades, mientras que las actividades no masivas pueden realizarse sin autorización previa, según lo estipulado en las competencias municipales.
Asimismo, la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas se hará de acuerdo con la normativa que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las instituciones.









