Los locales para eventos ubicados en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, representan un riesgo para la seguridad de las personas debido a que fueron construidos sobre terrenos ganados al mar y presentan problemas de evacuación ante una eventual emergencia, advirtieron voceros de la Marina de Guerra del Perú (MGP).
Así lo informó el capitán de navío Amílcar Velásquez, capitán del Puerto del Callao de la MGP, quien señaló que, según informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), las áreas donde operan los locales para conciertos Arena 1 y Costa 21 no son aptas para este tipo de estructuras.
De acuerdo con el vocero de la Marina, dichos informes advierten que el terreno ganado al mar con rellenos -como ocurre en este caso- no es adecuado para levantar estructuras de gran capacidad debido al riesgo de colapso ante movimientos sísmicos o por la inestabilidad del suelo.
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Uno de los mayores peligros, apuntó, es la eventual caída de techos o estructuras metálicas sobre el público, especialmente por la corrosión y el desgaste que sufren los materiales al estar expuestos al ambiente marino. Incluso comparó el escenario con la tragedia ocurrida en un centro comercial de Trujillo en febrero del 2025.
Velásquez también alertó sobre las limitadas vías de evacuación en caso de sismo, maremoto o una emergencia durante un concierto. “Solo existen dos puentes de salida y eso podría generar estampidas o caos total”, afirmó a Andina.
Recordó que, durante un evento realizado en el 2023, los asistentes tuvieron que escapar por los acantilados debido a la congestión y desorden registrados en la zona.
A ello se suma el impacto vehicular que ocasionan los conciertos en la Costa Verde, donde suelen generarse severos picos de congestión vehicular y retrasos de hasta dos horas para recorrer una vía que fue concebida más bien para viajes rápidos hacia destinos como el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Incumplimientos a la concesión
Velásquez explicó que en el 2019 la Marina de Guerra del Perú otorgó a la Municipalidad de San Miguel una concesión de 530 mil metros cuadrados de área acuática para ejecutar obras públicas de recreación y mejoramiento de taludes, como ciclovías, áreas verdes y espacios comunes para la población.
Sin embargo, sostuvo que la comuna utilizó posteriormente esa zona para la instalación de locales privados destinados a conciertos y espectáculos, incumpliendo el objetivo original de la concesión.
“Nunca se otorgó autorización para construir este tipo de estructuras”, remarcó el capitán de puerto.
En esa línea, manifestó que, en el año 2022, la Marina retiró la concesión otorgada a la Municipalidad de San Miguel por incumplimiento de las condiciones establecidas. “Actualmente, están como invasores”, aseguró.
Velásquez detalló que la institución presentó denuncias y oficios ante la Fiscalía, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Contraloría General de la República y otras entidades para advertir sobre los riesgos existentes y solicitar acciones que permitan frenar este tipo de actividades.
También cuestionó que, pese a las advertencias técnicas y a los informes de Defensa Civil, la comuna distrital siga otorgando permisos y garantías para la realización de conciertos en la zona.
La Marina -aseguró- ya ha solicitado la intervención de Indecopi para evaluar la protección de los consumidores que asisten a estos eventos sin conocer los riesgos existentes.
Finalmente, Velásquez insistió en que la Marina no se opone al desarrollo de proyectos en la Costa Verde, pero remarcó que toda obra debe ejecutarse de manera planificada, sostenible y segura para evitar posibles tragedias.
Alerta sobre camiones con desmonte
Velásquez también denunció que cada día ingresan entre 500 y 600 camiones cargados con desmonte y residuos sólidos para seguir ganando terreno al mar en San Miguel, situación que -según advirtió- altera el perfil costero, afecta el ecosistema marino y deteriora la vía de la Costa Verde.
De acuerdo con la Marina, estos trabajos no cuentan con autorización de la Autoridad Marítima y ya motivaron procesos sancionadores y multas contra empresas involucradas en el traslado de material de relleno.
