ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad expresaron su rechazo al proyecto de Ley 3864, que propone homologar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados con la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial de los docentes activos.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Fiscal, esta iniciativa implicaría un gasto anual de S/ 5,670 millones y reabriría en la práctica el esquema de cédula viva, generando una presión insostenible sobre las finanzas públicas, señalaron a través de un comunicado.
Recordaron que este proyecto ya fue observado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2025 por generar riesgos financieros y presentar serios problemas de constitucionalidad.
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“A pesar de ello, la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido exonerarlo de la Comisión de Economía para llevarlo directamente al Pleno, en un claro intento de acelerar la aprobación de una iniciativa que compromete recursos públicos”, cuestionó.
ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad sostuvieron que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto, pues así lo establece la Constitución y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias.
“Pretender aprobar normas que generan obligaciones fiscales permanentes constituye una vulneración directa del marco constitucional y una grave irresponsabilidad frente al país”, expresaron.
Gremios empresariales indicaron que corresponde a las bancadas parlamentarias actuar con responsabilidad frente al país. Foto: Sutep
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Añadieron que resulta aún más preocupante que este tipo de propuestas se discutan cuando el propio Estado ha promovido espacios de consenso sobre la necesidad de preservar la sostenibilidad fiscal.
“Desde el Poder Ejecutivo —cuando la actual presidenta del Consejo de Ministros se desempeñaba como ministra de Economía y Finanzas— se impulsó el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, que reunió a representantes del Ejecutivo, Congreso, gobiernos subnacionales, entidades autónomas y sector privado. Este acuerdo parte de un principio fundamental: la sostenibilidad fiscal es indispensable para el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción sostenida de la pobreza", apuntaron.
Por ello, indicaron que resulta contradictorio que hoy se impulsen iniciativas que van exactamente en la dirección contraria. “El país no puede continuar en una dinámica en la que el Congreso aprueba leyes fiscalmente inviables y luego el Ejecutivo se ve obligado a interponer acciones de inconstitucionalidad para frenar sus efectos. El problema debe evitarse desde el origen”, observaron.
En ese sentido, señalaron que la presidencia del Congreso tiene un rol clave, el de garantizar que las iniciativas legislativas respeten el marco constitucional y las reglas fiscales vigentes, evitando que proyectos populistas y técnicamente inviables lleguen siquiera a ser debatidos en el Pleno.
Asimismo, indicaron que corresponde a las bancadas parlamentarias actuar con responsabilidad frente al país.
“El deterioro de las cuentas fiscales no es una discusión abstracta. Cada punto adicional dedéficit fiscal significa menos recursos disponibles para cerrar brechas en educación, salud y seguridad, precisamente los servicios que más demandan los ciudadanos”, acotaron.
El Perú ha construido durante décadas una reputación de responsabilidad fiscal que ha sido clave para sostener el crecimiento económico, atraer inversión y reducir la pobreza. “No podemos permitir que decisiones políticas de corto plazo pongan en riesgo esos avances”, refirieron.
Por todo lo anterior, exigieron que el Congreso de la República archive de manera definitiva el Proyecto de Ley 3864, pues “el país necesita responsabilidad, no populismo legislativo”.
