
Tras revisar los planes de gobierno publicados en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió que, si bien varias candidaturas sí mencionan el tema del transporte, en muchos casos este aún no aparece con la prioridad estructural que exige el país.
Para el gremio, tránsito y transporte no pueden seguir siendo tratados como asuntos accesorios o fragmentados, pues su impacto alcanza directamente la competitividad, la seguridad vial, la economía familiar y la calidad de vida de millones de peruanos.
“El transporte debe estar en la misma línea de prioridad que la salud, seguridad y la educación, porque también define el bienestar de las personas. Cuando un ciudadano pierde horas todos los días en el tráfico, se moviliza en condiciones inseguras o depende de un sistema ineficiente, lo que se afecta no es solo su traslado, sino también su tiempo, su economía y sus oportunidades de desarrollo”, sostuvo Jaime Graña Belmont, Gerente General de la AAP.
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Graña Belmont remarcó que el problema ya representa un enorme costo para el país. “Solo en Lima y Callao, la congestión genera pérdidas de alrededor de S/ 20,000 millones al año. No estamos frente a una simple molestia urbana, sino ante un serio freno para la productividad, la competitividad y la calidad de vida”, afirmó.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, la congestión en Lima generó en 2023 pérdidas cercanas a los S/ 20,000 millones, equivalentes a alrededor del 2% del PBI.
La AAP añadió que esta situación se agrava por la antigüedad del parque automotor. Según información institucional del gremio, la antigüedad promedio del parque automotor peruano supera los 14 años.
En el caso del transporte público y de carga, el propio Estado ya había advertido una antigüedad promedio de 22.5 años, mientras que la ATU informó en febrero del 2026 que 385 vehículos informales de transporte público con más de 30 años de antigüedad fueron enviados al depósito durante operativos en Lima y Callao.
“Un país no puede aspirar a ser más competitivo ni más seguro con un sistema de transporte colapsado y una flota envejecida. No basta con hablar de obras o conectividad; se necesita una visión integral que incluya transporte público moderno, seguridad vial, renovación del parque automotor, fiscalización e institucionalidad. El próximo gobierno debe entender que ordenar el tránsito y modernizar el transporte es una necesidad nacional”, concluyó Graña.








