Desde la llegada de los conquistadores portugueses (siglo XVI), la historia de los indígenas brasileños ha estado plagada de horrores. Enfermedades y violencia al principio, luego esclavitud en las plantaciones de caucho, que existió hasta entrado el siglo XX. Hoy, las amenazas son mineros, ganaderos y taladores.
Un informe del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) —una organización de la Conferencia Episcopal de Brasil—, contabiliza 1,040 muertes de niños indígenas menores de cinco años el 2023, un aumento de 25% respecto del 2022 y el más alto desde que se comenzó a llevar registros, el 2003.
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Si bien ese incremento refleja, en parte, un mejor acceso a data en regiones muy remotas, otras cifras muestran que la grave situación de las comunidades indígenas brasileñas está empeorando.
El año pasado, 208 personas fueron asesinadas, frente a 70 el 2014. El envenenamiento por mercurio, causado por la minería ilegal, está haciendo más comunes los casos de defectos cerebrales y daños al sistema nervioso.
La situación no siempre fue tan sombría. En 1988, tras un periodo de régimen militar, Brasil promulgó una nueva Constitución que garantizaba los derechos de los pueblos indígenas, en especial, el derecho a vivir en áreas protegidas.
Más de 600,000 indígenas brasileños viven en zonas reservadas que cubren el 13% del territorio nacional. Durante algunos años, la violencia contra ellos disminuyó.
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Pero las cosas empeoraron luego del 2014, cuando Brasil entró en un periodo de crisis. El 2016, Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia y un Congreso con vínculos con ganaderos y mineros comenzó a ganar influencia.
Llega Bolsonaro
Y el 2018, los votantes eligieron presidente al populista de extrema derecha Jair Bolsonaro, a quien los pueblos indígenas le importaban muy poco. Este excapitán del Ejército e hijo de un minero informal, prometió no reconocer “un centímetro más” de territorio indígena.
Su Gobierno propuso una ley que hubiese legalizado la minería en áreas protegidas y describió a la Fundación Nacional de Pueblos Indígenas (Funai) como un “nido de ratas” y prometió golpearla en el cuello “con una guadaña”.
Al frente de esa agencia colocó a un expolicía que años antes había sido sometido a un proceso disciplinario por haberse puesto del lado de ganaderos en una operación para desalojarlos de tierras indígenas.
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Durante los cuatro años del mandato de Bolsonaro, unos 20,000 mineros ilegales de oro invadieron la reserva más extensa del país, habitada en relativo aislamiento por la etnia yanomami (31,000 personas). Esos mineros devastaron bosques y diseminaron sustancias tóxicas en ríos.
En una ocasión, el ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, avisó a mineros en el territorio yanomami la fecha y hora de una operación policial contra ellos, lo que les permitió escapar.
Los animales de caza huyeron y los peces se contaminaron de mercurio; en consecuencia, la malnutrición se elevó considerablemente. Casi 200 miembros de la comunidad fallecieron por desnutrición. Hoy, fiscales federales investigan un supuesto desvío de medicinas que estaba destinadas a los yanomami durante el régimen de Bolsonaro.
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Llega Lula
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desde el 2023 (de izquierda), prometió defender con firmeza los derechos indígenas. En su toma de mando, fue acompañado, entre otros, por Raoni Metuktire, cacique del pueblo kayapó. Ha creado el Ministerio de Pueblos Indígenas y nombró en el cargo a una mujer de la etnia guajajara.
Lula ha reconocido trece nuevos territorios indígenas, elevando el total a 537, ha reforzado la Funai y la reguladora medioambiental (Ibama), y ordenó una operación de emergencia en el territorio yanomami, gracias a la cual miles de mineros fueron expulsados.
Pero cuando la operación culminó, en marzo, alrededor de 8,000 mineros retornaron. Las reservas que han sufrido durante más tiempo el envenenamiento por mercurio muestran un deprimente panorama de lo que estaría por ocurrir.
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Desde el 2016, las solicitudes por sillas de ruedas en la etnia mundurukú —cuyo territorio está al este del yanomami— han aumentado 135%, principalmente para niños con extremidades atrofiadas. Dificultades en el desarrollo de infantes, ceguera y pérdida de sensibilidad en manos y pies se están registrando más ampliamente.
No será suficiente
Sin embargo, a pesar de las acciones del Gobierno federal, los grupos indígenas permanecerán vulnerables. No es de ayuda que el precio del oro se haya duplicado desde el 2016. Los grupos delincuenciales están en ascenso.
Melina Risso, del centro de investigación Instituto Igarapé, indica que en los últimos cinco años, ha emergido un “ecosistema criminal” en la cuenca del Amazonas, en el que actividades ilegales como minería de oro, tala y traficantes de drogas y animales silvestres cooperan en el suministro logístico y de necesidades básicas para ellos, como combustible, helicópteros y armas de fuego.
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Entre el 2018 y el 2021, el número de dichas armas registradas en la región amazónica se triplicó hasta 184,000. La tasa de asesinatos en el estado de Amazonas es 42.5 por 100,000 habitantes, frente al promedio nacional de 22 por 100,00o habitantes.
Una preocupación final es un proyecto de ley aprobado por miembros del Congreso, que prohíbe el reconocimiento de tierras indígenas si las tribus en cuestión no pueden demostrar que ya las ocupaban en 1988. La Corte Suprema ha declarado inconstitucional dicha norma y Lula la ha vetado; pero el Congreso ha revocado su veto.
Un “proceso de conciliación” ordenado por el Poder Judicial se inició esta semana e incluye la participación de una comisión congresal. Muchos indígenas brasileños esperan que esa conciliación no signifique que enfrentarán más presiones sobre su salud y subsistencia.
Traducido por Antonio Yonz Martínez.
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