El debilitamiento progresivo de la burocracia económica ante el avance del populismo y su subordinación al poder político son uno de los principales legados del último quinquenio. Diagnósticos recientes del Consejo Fiscal, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial coinciden en que el problema no es solo técnico, sino también institucional y político. El manejo económico ha perdido anclas técnicas. Y aunque entidades constitucionalmente autónomas como el Banco Central de Reserva o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP han logrado preservar su credibilidad y autonomía, el resto del aparato económico del Estado muestra señales alarmantes de deterioro.
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El Consejo Fiscal ha documentado que, entre 2021 y 2026, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, lo que equivale a tres veces el promedio histórico. También ha advertido que, en lo que va del año, las leyes aprobadas han tenido un costo anual de al menos S/ 11,400 millones, con estimaciones que pueden alcanzar los S/ 15,000 millones si se incorporan medidas adicionales recientes. Estas decisiones generan obligaciones permanentes que deterioran la trayectoria del gasto público y comprometen el cumplimiento de las reglas fiscales.
Urge reconstruir la capacidad técnica del Ejecutivo.
Pero este fenómeno no ocurre en el vacío. La consulta más reciente del FMI sobre la situación fiscal del Perú realizada el año pasado, fue explícita al precisar que, con las políticas actuales, el déficit fiscal se mantendría por encima de las metas a mediano plazo y sería necesario un ajuste cercano al 0.9% del PBI para reconducir la trayectoria fiscal.
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El Banco Mundial va más allá. Su última Revisión de Finanzas Públicas subraya que el Perú enfrenta el desafío de movilizar más ingresos y mejorar la calidad del gasto, pero en un contexto de debilitamiento institucional que afecta la efectividad de la política fiscal. El problema, entonces, no es solo cuánto se gasta o se recauda, sino la capacidad del Estado para hacerlo de manera coherente, sostenible y técnicamente fundamentada.
En ese contexto, la tecnocracia ha perdido capacidad de incidir. Sus advertencias son cada vez menos efectivas. Más grave aún: se normaliza la idea de que la política económica puede manejarse sin restricciones técnicas. Ese es, quizás, el legado más peligroso del ciclo de inestabilidad reciente.
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Frente a este panorama, sorprende la pobreza del debate político. Los partidos que aspiran a gobernar el país ofrecen pocas propuestas concretas para reconstruir la institucionalidad económica. La discusión se centra en medidas inmediatas y no aborda el problema de fondo: la necesidad de recuperar una tecnocracia fuerte, capaz de actuar como contrapeso y de ser garante de la sostenibilidad.
El próximo Gobierno tiene, por tanto, una tarea urgente. En primer lugar, debe restablecer la credibilidad del marco fiscal. Esto implica no solo cumplir las reglas existentes, sino también blindarlas frente a cambios discrecionales y fortalecer el rol del Consejo Fiscal dotándolo de mayor autonomía, acceso a la información y capacidad de incidencia.
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En segundo lugar, urge reconstruir la capacidad técnica del Ejecutivo: profesionalizar la alta dirección pública, reducir la rotación de funcionarios clave y establecer criterios meritocráticos claros. Sin estabilidad en los equipos técnicos, no hay política económica sostenible.
En tercer lugar, se debe establecer un sistema eficaz de control de las iniciativas legislativas con impacto fiscal. Que el Tribunal Constitucional zanje de una vez por todas que la iniciativa de gasto le corresponde solamente al Ejecutivo y no al Congreso. La bicameralidad debe estrenarse también con la obligatoriedad de dictámenes técnicos vinculantes y la exigencia de fuentes de financiamiento explícitas. La prueba de fuego del flamante Senado será actuar como un filtro racional de las iniciativas antitécnicas y demagógicas que sean aprobadas por la nueva cámara baja.
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En cuarto lugar, es necesario fortalecer la gestión de riesgos fiscales, incluyendo una supervisión más estricta de las empresas públicas y de los pasivos contingentes. La sostenibilidad no puede limitarse al déficit anual; debe incorporar una visión integral de riesgos. Resulta fundamental preservar y fortalecer la independencia de los organismos reguladores, cuya capacidad técnica es clave para el funcionamiento de los mercados y de los servicios públicos. Esto debe ir de la mano de una apuesta decidida por la meritocracia en toda la administración pública.
Finalmente, el país necesita revalorizar la racionalidad técnica en el debate público. La tecnocracia no es un obstáculo para la democracia, sino su complemento indispensable. Sin ella, las decisiones económicas se vuelven vulnerables a la improvisación y al cortoplacismo.
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El Perú aún tiene margen para corregir el rumbo. Pero el tiempo se acorta. Recuperar la tecnocracia es una urgencia para aspirar a un Gobierno mínimamente coherente y sensato.
Luis Miguel Castilla es director de Videnza Instituto.
