Escribe: Luis Alberto Arias Minaya, economista
El gobierno de transición que preside José Jerí publicó, en edición extraordinaria de El Peruano, cuando todos los peruanos nos preparábamos a recibir el nuevo año, el Decreto de Urgencia 010-2025, que declara en reorganización patrimonial a la empresa Petroperú.
El mencionado Decreto encarga a ProInversión la reorganización de Petroperú en bloques patrimoniales que pueden incluir la nueva Refinería de Talara, para lo cual se incorpora a la estatal petrolera en los alcances del proceso de promoción de la inversión privada regulado por el Decreto Legislativo 674.
Esto significa, de acuerdo con el mencionado Decreto Legislativo, que las unidades de negocio de Petroperú, una vez agrupadas, podrán ser vendidas parcial o totalmente; entregadas a un administrador privado vía contratos de gerencia; otorgadas en concesión o en contratos de asociación en participación al sector privado. La modalidad o modalidades de promoción de la inversión privada serán aprobadas en un plazo de 60 días calendario por el presidente ejecutivo de ProInversión.
LEA TAMBIÉN: Petroperú en reorganización, ¿la refinería de Talara sería atractiva para los privados?
Asimismo, el Decreto de Urgencia autoriza la terminación de las relaciones laborales correspondientes, teniendo en cuenta la modalidad de promoción de la inversión privada que resulte aplicable. Para financiar un casi seguro programa de renuncias, Petroperú recibirá un aporte de capital del fisco por 240 millones de soles.
Estas medidas tomadas por el gobierno tienen como antecedentes sucesivos rescates financieros para evitar la quiebra de la petrolera, vía aportes de capital y préstamos del Tesoro Público financiados con impuestos que pagamos todos los peruanos, préstamos del Banco de la Nación con garantía del Tesoro y pagos directos de la deuda de la empresa con los bonistas. En conjunto, el total de los sucesivos rescates asciende, según diversos estimados, a más de $ 6,000 millones.
LEA TAMBIÉN: Petroperú se “dividirá” en bloques para salir a flote: así es el plan del Gobierno
Petroperú ha sido, a lo largo de los años, una empresa que se ha utilizado como la caja chica del gobierno de turno. La ministra de Economía ha declarado que 50% del gasto en personal corresponde a alrededor de 83 tipos de beneficios adicionales.
La crisis terminal de Petroperú empieza con la decisión de construir la nueva Refinería de Talara cuyo costo inicial equivalía a 3.5 veces el patrimonio de la empresa sin contar con el financiamiento necesario tal como se explica en mi columna de este diario en noviembre del año 2022, “Petroperú: Crónica de un rescate anunciado”.
A lo largo de esta crisis, los sucesivos rescates solo han funcionado como paliativos y no han resuelto el problema de fondo. Petroperú no es actualmente una empresa rentable. El propio Decreto de Urgencia señala que la empresa presenta pérdidas operativas estructurales desde el año 2022, que no puede financiar sus operaciones e inversiones con flujos propios.
LEA TAMBIÉN: Tercer lote más importante, de Petroperú, se queda atrás: las preocupaciones
Las reacciones frente a las medidas anunciadas por el gobierno no se han hecho esperar. Los argumentos a favor de las medidas se sustentan en que Petroperú no debe seguir operando succionando dinero de los contribuyentes. Los impuestos deben ser utilizados prioritariamente en el cierre de brechas sociales y de infraestructura. Los argumentos en contra se sustentan en que Petroperú es una empresa estratégica que sustenta la soberanía energética. Esta última razón carece de sentido si se tiene en cuenta que actualmente Petroperú solo tiene un 26% de participación en el mercado y que nuestro país es un importador neto de petróleo. Por otro lado, estamos muy lejos de cubrir la demanda de petróleo con nuestra propia producción: solo producimos alrededor del 20% del petróleo que consumimos.
Frente a las reacciones en contra y frente a una eventual interpelación a la ministra anunciada desde el Congreso, tanto la ministra de Economía como el presidente del Consejo de Ministros han asegurado que no habrá privatización, lo cual resulta en un inadecuado adelanto de opinión teniendo en cuenta que el Decreto de Urgencia que ellos han firmado asigna a un ente técnico como ProInversión la evaluación y decisión de la modalidad más adecuada.
Dos importantes interrogantes surgen en el camino. La primera, es cuánto serán los recursos que podrán ahorrarse u obtenerse de esta reorganización patrimonial. Un estudio realizado por el profesor de la PUCP, Jorge Vega Castro, señala que, con el estimado más costoso de valoración de la refinería, de $ 4,376 millones, elaborado por la misma Petroperú y validado por una consultora internacional en el 2017, Petroperú ha gastado $ 2,274 millones en exceso de lo que valdría esta refinería. Según diversas estimaciones, reseñadas por Vega, en promedio la nueva refinería vale poco menos de la mitad de lo invertido, es decir, alrededor de $ 3,000 millones.
La segunda, tomando en cuenta que los procesos de promoción de la inversión privada no son procesos cortos, sino que toman meses o años, surge la interrogante de cómo se van a resolver y financiar los problemas de liquidez y eventual insolvencia de la empresa.
No descarto que a Petroperú le ocurra lo que nos narra la leyenda cristiana donde el apóstol Pedro, huyendo de Roma, se encuentra con Jesús y le pregunta “Quo vadis, Pedro”, obteniendo como respuesta “voy a Roma a ser crucificado de nuevo”.
