Escribe: Whitney Miñan, Editora de Economía
El último suspiro del 2025 trajo consigo una decisión que era impostergable: el decreto de urgencia para reestructurar (ahora sí) Petroperú y “dividirla” en bloques patrimoniales.
Tras años de rescates financieros lanzados a un barril sin fondo, a juzgar por los resultados la petrolera estatal, el Gobierno finalmente aceptó que el modelo actual es insostenible.
Sin embargo, el tiempo que indica el DU, que tomará 60 días —hasta febrero o marzo— tan solo para plantear el plan, enciende una señal de alerta que no debemos ignorar: el factor tiempo.
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En la gestión pública peruana, los plazos suelen ser elásticos y la burocracia, paquidérmica. Si el plan estratégico se presenta recién al cierre del primer trimestre del 2026, y a eso le sumamos los pasos legales y operativos para que el capital privado finalmente ingrese a los bloques, entramos en una zona de altísimo riesgo político.
El proceso electoral está a la vuelta de la esquina y dejar la reestructuración a medio camino es un error estratégico fatal. El margen de decisión no debería quedar en manos del próximo Gobierno; la ruta debe quedar blindada, ejecutada o, al menos, en un punto de no retorno. Aquí está la clave de su éxito. La historia del Perú nos enseña que lo que no se termina en un periodo claro, se desmantela o se ideologiza en el siguiente.
Esta urgencia tiene un espejo peligroso en la región: Venezuela. El colapso de PDVSA es el recordatorio de lo que sucede cuando una industria petrolera se convierte en un botín político. Si lo seguimos permitiendo, Petroperú podría alcanzar ese nivel de degradación. Por ello, blindar la entrada de capital privado es, en realidad, proteger el futuro energético del país de aventuras populistas.
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Pero más allá de los cronogramas técnicos, hay una batalla narrativa que el Estado está perdiendo: la de la “verdadera propiedad” de la empresa. Se nos ha repetido hasta el cansancio que Petroperú “es de todos los peruanos”. Es hora de que esa frase deje de ser un eslogan vacío y se convierta en una herramienta de fiscalización ciudadana. Si todos somos accionistas, somos accionistas que solo han visto pérdidas y aportes de capital forzosos.
La ciudadanía debe entender que cada “eventual rescate” a la petrolera es, en realidad, un costo de oportunidad directo.
La exigencia de celeridad no es un capricho técnico, es una demanda social. Solo con la entrada de operadores privados eficientes y una salida real del descalabro financiero, Petroperú dejará de ser una carga. La misma ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, lo ha subrayado: la empresa estatal de todos los peruanos debe dejar de generarle gastos al Estado.
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ProInversión debe actuar con una rapidez inusual para los estándares estatales; de lo contrario, el “regalo” de Año Nuevo terminará siendo otra oportunidad perdida enterrada por el calendario electoral.
El margen de decisión no debe quedar en manos del próximo Gobierno. La ruta debe quedar blindada o, al menos, en un punto sin retorno. (Foto: Andina)
