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Habíamos dicho que no volvería a pasar, pero volvió a pasar. Lluvias en exceso en meses donde normalmente llueve demasiado destruyeron viviendas e infraestructura en zonas donde repetidamente lo ha hecho antes. Así es, son las mismas quebradas, son los mismos ríos, son las mismas fotos de la desgracia que se repite.
La última vez (El Niño costero del 2017) hicimos algo sin precedentes respecto a todas las desgracias previas. Esa vez nos encontró con recursos fiscales disponibles y el Gobierno de entonces encontró que sería bueno dedicar más de 25 mil millones de soles a las tareas de reconstrucción. Pero (siempre hay un pero), el anuncio de tanta plata puesta en la mesa hizo que todas las autoridades estuviesen interesadas en reconstruir.
La Ley de Contrataciones Públicas en el Perú, a diferencia de lo que sucede en varios países de la región, no tiene un marco legal específico para desastres de gran magnitud (primera lección). Por ello, aceptó que a pesar de que se había creado una autoridad especial para hacerse cargo de la reconstrucción (con cambios), había que hacerlo como siempre. El primer jefe de la ARCC salió por este enfrentamiento con las autoridades subnacionales.
Pasó lo que tenía que pasar. Como nada de lo dañado estaba asegurado, se demoraron años en hacer la evaluación de los daños que permite saber si debo hacer un proyecto de rehabilitación o reconstrucción. Como tampoco tenemos un mínimo manejo de las infraestructuras a cargo de los gobiernos regionales, nos enteramos tarde que no se podía reconstruir donde no se tiene la propiedad del terreno.
Siguieron pasando los años y la ARCC junto con el nuevo Gobierno de turno decidieron que sean los ministerios los que se hagan cargo, porque nada se movía salvo la comisión del Congreso encargada de la supervisión y vigilancia.
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Se encargaron los estudios, pero la ejecución era mínima (¡y eso que se tenía los recursos!). Entonces vino la decisión de convocar a otros Gobiernos para, que vía un convenio gobierno a gobierno (G2G), se pudieran obviar las complicadas reglas de la ley de contratación pública.
La segunda lección es que se debería, en caso de desastres de gran magnitud, inmediatamente convocar G2G porque lo que se está priorizando es volver a prestar servicios esenciales (salud, educación, transitabilidad de vías) lo más pronto posible.
La tercera lección es sobre la descentralización, la cual genera un desorden y una dilución de capacidades que debe ser resuelto con reglas claras impuestas centralizadamente. No deberíamos tener miedo a exigirles a los gobiernos regionales que son los que están a cargo de diferentes infraestructuras esenciales mantenerlas en buen estado, invertir en las que no lo están, y asegurarlas de manera permanente. Eso no debería ser una discrecionalidad de cada gobierno regional.
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El país necesita tener un mínimo de capacidad de dar servicios esenciales a toda la población, no solo donde exista una autoridad diligente.
En esa línea, es importante entender por qué la única infraestructura asegurada frente a catástrofes es la concesionada. En esos casos, el Estado quiere tener la garantía que se dará el servicio y por eso exige el seguro. Porque, por ejemplo, es esencial que la carretera Panamericana sea siempre transitable. El impacto económico y social de que no sea así es demasiado grande.
Un tema aparte son los bienes privados y el rol que le compete al Estado después de un desastre. Me refiero a las viviendas. Como lo han mostrado Ricardo Fort y su equipo en GRADE, el corazón del problema es que el Estado ha escogido servir a los traficantes informales de terrenos en lugar de servir a los ciudadanos que no tienen vivienda.
Proliferan viviendas precarias en lugar de viviendas sociales que permitan que las ciudades crezcan planificadamente, y terminamos dando bonos de emergencia (a cambio de nada) a personas que escogieron vivir en zonas de riesgo y que hacen más costosa la provisión de servicios para el propio Estado. Si la catástrofe fuera demasiado grande, simplemente no habría fondos para todos.
¿Qué hacemos? ¿Le damos ayuda a los primeros mil? Un seguro paramétrico podría ayudar a financiar ayuda limitada sin desarmar presupuestos.
El Gobierno necesita mejorar su gestión frente a desastres porque sino la respuesta seguirá siendo tardía, insuficiente e innecesariamente costosa.
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