En un artículo anterior comentamos que la informalidad laboral reduce la productividad, limita la recaudación fiscal, debilita la protección social y genera precariedad laboral. Es, entonces, un desafío ineludible para quienes aspiran a gobernar el país. Por ello, a puertas de las elecciones, es pertinente evaluar qué medidas proponen los 36 candidatos a la presidencia para combatirla. En el 2024, el 71% de los trabajadores era informal (INEI), lo cual quiere decir que más de 12 millones de personas no cuentan con protección legal laboral ni seguridad social.
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En principio, habría que señalar que la mayoría de los múltiples planes de gobierno incorpora el tema de informalidad laboral como un punto relevante. En varios casos, es considerada el principal problema estructural del mercado laboral.
La informalidad es reconocida como el principal reto del mercado laboral. (Foto: Andina)
La mayoría de los candidatos incluye como meta el reducir la informalidad al 50%-60% (más del 10%) hacia el 2030, a través de una formalización progresiva, y coinciden en propuestas como contar con un régimen tributario simplificado, impulsar la simplificación digital y generar incentivos para la contratación juvenil, entre otras.
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Hay propuestas que apuntan a una mayor institucionalización (Partido Morado, Somos Perú o Fuerza Popular), a través de la digitalización integral de todos los sistemas laborales, la interoperabilidad Sunat–Sunafil e incentivos temporales para la formalización. Otras platean una mayor libertad económica (Fe en el Perú, Renovación Popular, Avanza País, APP, Perú Primero), mediante la reducción del IGV o un régimen laboral simplificado. Y un tercer grupo presenta medidas que generarían costos laborales adicionales (Juntos por el Perú y Venceremos), con reformas laborales como el aumento de la remuneración mínima vital (RMV), el fortalecimiento sindical y una mayor fiscalización.
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En general, el sustento, tanto del análisis costo-beneficio como del financiamiento y de la viabilidad de las propuestas, es limitado. Por ello, detallamos algunos aspectos que se deben tener en cuenta.
Por ejemplo, plantear el aumento de la RMV, si bien puede generar una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores, también encarece la contratación formal en las mype (donde está la mayoría de los trabajadores del sector privado), lo que lleva, a la larga, a una mayor precarización del empleo.
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De otro lado, muchos partidos plantean la unificación de tributos como una respuesta a la informalidad, a pesar de que dicha propuesta no elimina costos laborales estructurales. Por otra parte, se propone la creación de regímenes especiales tributarios para las mype (Podemos Perú, Venceremos e Integridad Democrática), aunque no se percibe con claridad las diferencias con el régimen actual.
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El establecimiento de ventanillas únicas digitales, integrando las diversas plataformas del Estado, es un planteamiento razonable, pero cabe señalar que exige una interoperabilidad real y una sincronización profunda entre los sistemas informáticos de las distintas entidades del Estado, lo cual impacta desde un punto de vista técnico, presupuestal y de gestión.
Desde la perspectiva del empleo juvenil, casi la mitad de los partidos no presenta medidas orientadas a este grupo. No obstante, dentro de las propuestas existe una marcada presencia de iniciativas relacionadas al empleo temporal. Algunos planes contemplan subsidios por la contratación de jóvenes, aunque ello impacta directamente en el presupuesto estatal.
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Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento de bonos para incentivar la formalización podría ser una medida positiva. Como hemos tratado anteriormente, este esquema es similar al aplicado en países como Chile y Colombia. En Chile se establecieron bonos estratégicos asumidos por el Estado para la formalización del trabajo para aquellos trabajadores que inician su vida laboral en el sector formal o el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para empleadores que contratan mujeres. Colombia, en tanto, estableció subsidios para la contratación formal, logrando reducir la informalidad en 4% entre 2019 y 2023.
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El Partido Morado plantea la creación de un seguro de desempleo financiado mediante aportes compartidos entre empleador y trabajador, que sería y administrado por EsSalud. Aunque resulta interesante, la iniciativa no sustenta ni detalla su sostenibilidad económica financiera.
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En cuanto a los derechos y beneficios laborales, se evidencia un contraste ideológico. La primera, mayoritaria, es disminuir el costo de la contratación, simplificando los requisitos legales y formales. La segunda se orienta a contar con un marco regulatorio más estricto con equiparación de regímenes, el fortalecimiento de la Sunafil, el aumento de la RMV, entre otros.
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La informalidad es reconocida como el principal reto del mercado laboral. Sin embargo, en la mayoría de los planes de gobierno no se brinda mayor detalle de la factibilidad económica de las propuestas, lo cual debería ser explicado con mayor claridad en los debates y en lo que queda de la campaña electoral.
Lucianna Polar es socia del Estudio Olaechea.
