Una factura representa una venta realizada, pero no necesariamente dinero disponible. Entre entregar un producto y recibir el pago pueden transcurrir 30, 60 o 90 días. Para una gran empresa, esa espera puede ser manejable; para una mype puede significar no pagar salarios, postergar la compra de insumos, incumplir obligaciones o perder una nueva oportunidad de negocio. La falta de liquidez no es un problema menor: puede determinar la supervivencia de una empresa.
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El factoring ofrece una respuesta concreta e inmediata. Permite que una empresa transfiera su factura por cobrar a una entidad de financiamiento y obtenga liquidez sin esperar el vencimiento, a cambio de un descuento. A diferencia de un crédito tradicional, la evaluación se concentra principalmente en la calidad del pagador. Así, una pequeña empresa que no cuenta con garantías suficientes ni con un extenso historial crediticio puede financiarse gracias a la solidez de su cliente.
Las cifras demuestran que el factoring ya dejó de ser una alternativa marginal.
Esta semana celebramos desde Cavali los diez años de Factrack, la plataforma que registra las facturas negociables y les proporciona seguridad, trazabilidad y mérito ejecutivo. Su interconexión con la Sunat permite verificar la validez de las facturas, reducir el riesgo de duplicidad y facilitar su negociación. Una innovación regulatoria, respaldada por infraestructura tecnológica y participación privada, se convirtió en una herramienta efectiva de inclusión financiera. Ahora debemos llevarla a una escala mucho mayor.
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Las cifras demuestran que el factoring ya dejó de ser una alternativa marginal. El mercado pasó de movilizar S/ 629 millones en el 2016 a más de S/ 52 mil millones en el 2025, mediante más de dos millones de facturas. Sólo durante el 2025, más de 30 mil empresas proveedoras utilizaron este mecanismo y más de 10 mil lo hicieron por primera vez. Al primer semestre de este 2026 se habían registrado operaciones por S/ 27.280 millones. Además, muchas facturas negociadas son por montos menores de S/ 10,000. Esto confirma que el factoring puede atender a empresas pequeñas y que su potencial está lejos de haberse agotado. Su aporte trasciende el financiamiento. El factoring reduce la dependencia del crédito bancario convencional, fortalece el capital de trabajo y permite planificar pagos, compras y producción. También promueve la formalización: exige facturas electrónicas, deja trazabilidad y genera información sobre el comportamiento de proveedores y pagadores. Esa información, utilizada responsablemente, puede mejorar la evaluación del riesgo, aumentar la competencia y reducir los costos financieros.
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Sin embargo, la primera década también expone una deuda pendiente. El mercado continúa concentrado en Lima y Callao y depende en gran medida de facturas cuyos pagadores son grandes empresas. No podemos considerar consolidado un sistema que todavía no llega con suficiente fuerza a las mype ni a las regiones. La inclusión financiera no puede medirse solo por el crecimiento del monto negociado; debe medirse por cuántas empresas nuevas acceden a liquidez, en cuántos territorios y a qué costo. Para cerrar esa brecha se necesita actuar con urgencia. Debemos mejorar la información disponible, ampliar la educación financiera, incorporar más entidades participantes y diversificar las fuentes de fondeo. El nuevo sistema de scoring de facturas desarrollado por Cavali, sobre una base que supera los 74 mil adquirentes, puede ser decisivo para evaluar el riesgo con mayor precisión y no únicamente por el tamaño o la reputación del pagador.
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El Estado debe asumir un papel central. No basta con que regule, promueva o anuncie el factoring: debe incorporarse plenamente como comprador y pagador. Las compras públicas superan los S/ 70 mil millones anuales, pero las facturas vinculadas al Estado todavía representan una fracción muy pequeña del mercado. El Estado tiene la capacidad de convertirse en la principal ancla de confianza y liquidez para miles de mype que abastecen a ministerios, municipios, gobiernos regionales y otras entidades públicas.
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Cada día de retraso en la conformidad o el pago de una factura pública tiene un costo directo para un proveedor pequeño. Obliga a buscar financiamiento más caro, reduce su capacidad de contratar personal, limita sus compras y puede expulsarlo del mercado. Por eso, incorporar al Estado al factoring no es un asunto técnico ni una medida secundaria: es una política urgente de desarrollo productivo y de protección de la cadena de proveedores. Para lograrlo, se deben integrar adecuadamente los sistemas de contratación, conformidad y pago con el SIAF, el Banco de la Nación y el registro de facturas negociables. La conformidad debe ser oportuna, trazable y predecible.
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Una factura contra el Estado solo será atractiva para los financiadores si existe certeza sobre su reconocimiento y fecha de pago. La disciplina estatal reduciría el costo financiero de sus proveedores, fortalecería la competencia y mejoraría la calidad de las compras públicas. La prioridad debe ser que una MYPE de cualquier región pueda venderle al Estado, registrar su factura y obtener liquidez en condiciones competitivas sin depender de contactos, garantías imposibles o trámites interminables. Para ello también se requiere fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales, estandarizar procesos y establecer indicadores públicos de cumplimiento.
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El último miércoles, representantes del sector público y privado suscribimos “La Ruta del Factoring”, una declaración con diez compromisos para profundizar este mercado. La agenda incluye ampliar su presencia regional y entre las mype, fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la interoperabilidad de la información, acelerar la transformación digital, diversificar el fondeo e integrar efectivamente las facturas de las compras públicas. El compromiso será valioso solo si se traduce en decisiones concretas, responsables identificados, plazos definidos e indicadores verificables. La primera década convirtió una factura pendiente en una fuente de liquidez. La segunda debe convertir el factoring en una infraestructura nacional de inclusión financiera, formalización y crecimiento productivo.
Mercedes Araoz es profesora investigadora de la Universidad del Pacífico.
