Otra vez estamos frente a un proceso electoral con suspenso, resultados ajustados y voces que gritan “fraude” al mismo tiempo. Hay aspectos que, en nuestra inmadura democracia, aún no terminamos de comprender.
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Primero, Lima no es el Perú: existe una compleja situación en la que viven muchos en el sur del país que los hace buscar alternativas con el deseo de “salir del atraso y olvido en el que se encuentran”. Segundo, el ego de los políticos, que no se ponen de acuerdo para unir fuerzas y presentar un solo candidato. Todos aspiran a ser el “salvador del Perú”, en lugar de pensar en “cuál es el país que todos queremos”. Tercero, la corrupción y su impacto en la institucionalidad, que debilita la democracia. Finalmente, una limitada madurez cívica que nos lleva a elegir muchas veces por “arrastre”, sin análisis de la información y prefiriendo, en muchas ocasiones, las propuestas populistas que brindan los partidos políticos. Estamos en un país en donde acusar a alguien sin pruebas es normal y en donde no se sabe perder.
El Perú se presenta con un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad y el Estado recauda apenas el 16% del PBI. (Foto: Andina)
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El Perú se presenta con un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores operan en la informalidad y el Estado recauda apenas el 16% del PBI. En este contexto, Fuerza Popular plantea reducir la carga tributaria de las pequeñas empresas, impulsar la formalización de pequeños negocios, distribuir el 40% de los ingresos mineros directamente entre los ciudadanos y potenciar el puerto de Chancay como eje de redistribución de carga. Juntos por el Perú propone prohibir gradualmente la exportación de minerales sin procesamiento, elevar la presión tributaria al 25% del PBI, desmonopolizar mercados y aumentar la inversión en I+D del 0.15% al 0.50% del PBI. Renovación Popular, por su parte, formula un tren de Tumbes a Tacna, nuevas líneas del metro en Lima, un banco estatal que preste a tasas mínimas, una meta de crecimiento del 7% anual y dos millones de empleos en cinco años.
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Estos planes tienen grietas importantes. En Fuerza Popular, el obstáculo para las pequeñas empresas son los costos de formalidad laboral –gratificaciones, CTS y seguridad social–, y los regímenes tributarios especiales generan que estas prefieran no crecer ni pagar más, perpetuando la informalidad. Además, el “canon para el pueblo” podría aliviar tensiones a corto plazo, pero distribuir el dinero en lugar de invertirlo en infraestructura básica no cierra las brechas. En Juntos por el Perú, restringir exportaciones mineras resulta una medida cuestionable y riesgosa sin una industria que las absorba, arriesgando una caída de ingresos fiscales. La inversión en I+D es deseable, pero difícil de sostener sin capital humano suficiente; y el control de precios suele generar escasez y desinversión. En Renovación Popular, el crecimiento del 7% anual luce poco realista frente al potencial estimado del país (2.5%-3.5%). El plan cae en una aparente contradicción: eliminar exoneraciones tributarias para recaudar más, mientras se crean zonas francas que implican nuevas exoneraciones, dejando el efecto sobre las cuentas del Estado en el aire.
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El obstáculo para todos es la baja capacidad del Estado para ejecutar lo prometido. Así, Juntos por el Perú ofrece una transformación, pero sobre supuestos frágiles; Renovación Popular plantea una transformación poco probable de ejecución sobre una base fiscal débil; y Fuerza Popular propone resultados limitados y previsibles. La pregunta permanece abierta: ¿Qué es lo que finalmente el votante quiere? Lo veremos al final de esta historia.
Guillermo Boitano es director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima.
