
Por Emil Ruppert, Socio de Rubio Leguía Normand
En la gestión empresarial, la continuidad operativa suele prevalecer sobre la revisión periódica de los compromisos contractuales. Servicios críticos se mantienen activos, los pagos se ejecutan conforme a lo pactado y las relaciones con proveedores continúan bajo condiciones definidas en ejercicios anteriores. En ese escenario, los contratos que incorporan cláusulas de renovación automática se convierten en una fuente recurrente de sobrecostos y rigideces operativas.
Acuerdos vinculados a proveedores estratégicos, arrendamientos o servicios tecnológicos esenciales suelen contemplar renovaciones automáticas condicionadas a plazos de notificación anticipada. Cuando dichos plazos transcurren sin una acción expresa, la renovación se produce de pleno derecho, replicando precios, niveles de servicio y asignación de riesgos pactados en un contexto económico distinto.
Este mecanismo contractual genera un efecto acumulativo en la estructura de costos de las empresas. La falta de revisión no constituye una posición neutral, sino la consolidación de condiciones que pueden haber perdido competitividad frente al mercado o resultar desalineadas con las necesidades actuales del negocio. En un entorno de mayor presión sobre márgenes y eficiencia, esta inercia contractual adquiere especial relevancia.
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Desde una perspectiva de gestión, la revisión de contratos no debe entenderse únicamente como un ejercicio legal o administrativo. Se trata de un componente central de la planificación financiera y del gobierno corporativo, en el que se definen variables clave como precios, flexibilidad operativa, penalidades y mecanismos de salida. El período previo al vencimiento contractual suele concentrar el mayor espacio para el análisis y la renegociación de estas condiciones.
Una vez ejecutada la renovación automática, ese margen se reduce significativamente. Las condiciones contractuales quedan fijadas y cualquier ajuste posterior suele implicar mayores costos, tanto económicos como operativos, además de una menor capacidad de negociación frente a la contraparte.
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La gestión activa de los contratos más relevantes —por su impacto económico, operativo o reputacional— tiene efectos directos sobre la rentabilidad y la exposición al riesgo de las organizaciones. La omisión en su revisión no genera alertas inmediatas, pero sus consecuencias se reflejan de manera sostenida en los resultados.
En un contexto de creciente complejidad económica, la disciplina contractual se consolida como una herramienta clave para preservar valor, optimizar recursos y sostener la competitividad empresarial.








