La deflagración ocurrida en el sistema de transporte de gas de Camisea ha desatado una escena poco habitual en Lima: grifos sin GNV, largas colas de taxis recorriendo distritos en busca de combustible y transportes obligados a migrar temporalmente hacia gasolina más cara. El Gobierno reaccionó declarando la emergencia en el suministro de gas natural por 14 días y activando mecanismos de racionamiento para priorizar el consumo residencial y el transporte público masivo. Aunque el incidente es técnico y localizado, sus efectos han sido inmediatos y visibles en toda la ciudad.
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La gestión política de la crisis, sin embargo, ha mostrado señales contradictorias. Desde el Ministerio de Energía y Minas, el titular Ángelo Alfaro advirtió: “Nadie puede asegurar que termine en 14 días. Eso sería mentir”. Poco después, desde el Ejecutivo se aseguró que se harían todos los esfuerzos para restablecer el servicio incluso antes de ese periodo. En paralelo, TGP, operador del sistema, mantiene la estimación de 14 días para restituir el flujo, aunque reconoce que el acceso extremadamente complejo a la zona afectada y las intensas lluvias podrían generar contingencias.
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Más allá de la coyuntura, la reciente emergencia revela una vulnerabilidad conocida: la fuerte dependencia del suministro de gas natural de una infraestructura crítica sin suficiente redundancia. El gas de Camisea ha sido uno de los proyectos más transformadores del país –abaratando la generación eléctrica y fortaleciendo la seguridad del sistema–, pero ningún recurso energético está exento de riesgos si su transporte depende de un solo corredor.
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Esa fragilidad no es nueva. El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi recuerda que ya en el 2011 se había planteado una solución que apuntaba precisamente a reforzar la seguridad energética: construir el primer tramo del entonces proyectado gasoducto del sur como una ruta alterna al ducto de TGP. Así, se duplicaba el tramo crítico para contar con un respaldo en caso de interrupciones. Sin embargo, el proyecto terminó rediseñándose, el GSP de Odebrecht se quedó sin financiamiento por razones conocidas y el proyecto paró.
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Después de ello, no ha habido preocupación desde el Estado para mitigar este riesgo. Herrera Descalzi recuerda que en algún momento se propuso tener un almacenamiento de gas natural licuado y una regasificadora al final del ducto. No prosperó. Curiosamente, una alternativa similar (la titular de la PCM, Denisse Miralles, ha mencionado la regasificación) vuelve hoy a aparecer en el debate público como una posible respuesta a una eventual nueva contingencia.
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La lección que deja la crisis actual es menos coyuntural de lo que parece. Más que un problema urgente de escasez de recursos, el Perú enfrenta un desafío de resiliencia de su infraestructura energética. Y ese es un debate que el país ha postergado por demasiado tiempo.
