Hace apenas cuatro años el Perú enfrentó una crisis de fertilizantes tras la invasión rusa a Ucrania. La respuesta del Gobierno de Pedro Castillo terminó convertida en un caso emblemático de improvisación estatal: procesos fallidos para comprar urea, observaciones de la Contraloría, sospechas de corrupción y retrasos que dejaron a miles de agricultores sin apoyo oportuno.
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Ese antecedente importa hoy porque el país vuelve a enfrentar un problema parecido. El alza internacional de la urea, impulsada ahora por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz, está elevando nuevamente los costos agrícolas. En paralelo, los productores arroceros bloquean carreteras en Piura, San Martín, Arequipa y Lambayeque mientras reclaman por precios que ya no cubren sus costos de producción (al cierre de esta edición, representantes de los productores de arroz negociaban con el Estado en busca de soluciones).
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El malestar en el agro tiene fundamentos reales. Los fertilizantes y combustibles han subido con fuerza y el pequeño agricultor tiene poca capacidad para absorber esos costos. Además, el país depende casi totalmente de fertilizantes importados. Cuando hay conflictos internacionales, el impacto llega rápido al mercado local.
Sin embargo, reconocer el problema no significa repetir recetas que ya fracasaron.
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En medio de las protestas empiezan a aparecer pedidos de compras masivas de arroz por parte del Estado o mayores barreras a las importaciones. Son medidas políticamente atractivas, pero también pueden generar distorsiones fiscales y comerciales difíciles de sostener. El episodio de la urea durante el Gobierno de Castillo debería servir justamente como advertencia en la campaña electoral: la presión política suele empujar soluciones rápidas, improvisación e incentivos perversos.
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Por eso resulta más razonable discutir medidas de fondo. Gabriel Amaro, presidente de la Agap, ha señalado un problema básico: el Estado ni siquiera cuenta con información actualizada sobre áreas sembradas, disponibilidad de agua, precios o planificación productiva. Muchos pequeños agricultores toman decisiones prácticamente a ciegas. Ahí hay una agenda pendiente.
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El riesgo no es solo la protesta actual. Si los costos siguen subiendo y más agricultores dejan de sembrar, el impacto terminará trasladándose a la producción y a los precios de alimentos básicos. El país necesita respuestas técnicas y sostenibles. La improvisación ya salió demasiado cara una vez.
