En cuestión de días, el Congreso, excediendo una vez más sus funciones, ha aprobado tres medidas que, en conjunto, redefinen el gasto público sin haber considerado su financiamiento ni la sostenibilidad fiscal. No se trata de iniciativas aisladas ni de ajustes marginales: el paquete implica, según estimaciones del Consejo Fiscal (ver páginas 2 y 3), un costo anual de alrededor de S/ 11,500 millones. Para este año, el impacto sería de S/ 6,500 millones. Desde el 2027, se consolidaría como un gasto permanente.
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El problema no es únicamente la magnitud, sino la forma. Las decisiones se han tomado por sectores (militares, docentes y trabajadores CAS) sin si quiera considerar un marco coherente que los articule. Cada medida responde a una lógica particular, pero en agregado configuran un sistema más costoso, más fragmentado y más difícil de sostener.
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La evidencia más clara está en la iniciativa referida a docentes, que concentra más de S/ 8,000 millones del costo estimado. Su diseño incorpora mecanismos de indexación automática que hacen que el gasto crezca en el tiempo, replicando esquemas que el propio ordenamiento constitucional buscó evitar. En paralelo, la extensión de beneficios a trabajadores CAS añade entre S/ 2,000 y S/ 3,000 millones adicionales.
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A esto se suma la reforma del sistema previsional militar y policial, cuyos costos iniciales son relativamente acotados, pero que aumentarán de forma significativa en el mediano plazo. En todos los casos, hay un patrón común: compromisos de largo plazo cuya carga real está subestimada o diferida.
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El punto más crítico, sin embargo, es el efecto de desplazamiento. Los S/ 11,500 millones anuales equivalen a varias veces programas sociales clave o a presupuestos completos de sectores estratégicos. En un contexto de recursos limitados, cada nuevo gasto permanente implica renunciar a inversión pública, infraestructura o políticas sociales existentes.
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El Congreso, en sus más recientes arranques populistas, ha optado por imponer obligaciones fiscales que se encuentran fuera de sus competencias. El resultado es previsible: un Estado más rígido, con menor margen de maniobra y crecientes tensiones fiscales.
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Legislar de esta manera puede ser políticamente rentable en el corto plazo. Sin embargo, el costo termina trasladándose a todo el sistema. Y, finalmente, a todos los ciudadanos.
