En junio del 2021, pocos días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, la historiadora Anne Applebaum publicó en The Atlantic un ensayo sobre un fenómeno que empezaba a repetirse: candidatos que, tras perder una elección, se negaban a reconocer el resultado.
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El caso más conocido era el de Donald Trump y la campaña Stop the Steal. Pero Applebaum también mencionaba a Benjamin Netanyahu, que denunció un supuesto fraude tras perder el poder en Israel, y a Keiko Fujimori, quien entonces calificaba de ilegítimo el triunfo de Pedro Castillo.
Fujimori tiene ahora la oportunidad de demostrar, desde el poder, un compromiso inequívoco con las instituciones democráticas. ¿Lo hará? (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La autora advertía que el problema no era solo una derrota mal asumida. Cuando un líder afirma, sin pruebas concluyentes, que una elección fue robada, no solo busca conservar apoyo político. También erosiona la confianza en el sistema electoral y en las instituciones. Así, desconocer una elección termina siendo una forma de desconocer la propia democracia.
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Semanas después, Fujimori reconoció finalmente a Castillo como presidente de la República. Ello permitió cerrar, al menos formalmente, una de las etapas más tensas de la historia electoral reciente del país.
Cinco años después, la paradoja es evidente. Ahora es Roberto Sánchez quien denunció un supuesto fraude en desarrollo, cuestionó sin pruebas el voto emitido en el extranjero y anunció que no reconocerá un eventual Gobierno de Fujimori.
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Hay un patrón familiar. Cuando el resultado les es adverso, los líderes con impulsos personalistas suelen trasladar la disputa desde las urnas hacia el cuestionamiento de las instituciones electorales. Ejemplos hay muchos y con distintos niveles de gravedad.
El antecedente más serio en la región fue el de Jair Bolsonaro, que tras perder en el 2022 intentó desconocer el resultado e incluso buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas. Otros casos fueron mucho menos extremos, pero siguieron una lógica similar: en Colombia, Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro demoraron en reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella, aunque finalmente la aceptaron. En el Perú, Rafael López Aliaga también cuestionó prematuramente el proceso durante la primera vuelta.
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No todos actúan así. Hay quienes entienden que la legitimidad democrática no depende de ganar, sino de respetar las reglas cuando se pierde.
Ayer la ONPE concluyó el cómputo del 100% y los resultados, como se esperaba, dan una estrecha victoria a Keiko Fujimori. Solo resta la proclamación. Entre los cuestionamientos que pesan sobre ella figura su responsabilidad en parte de la inestabilidad política del último lustro, ejercida desde su bancada. Sin embargo, quien hace cinco años fue señalada como ejemplo de una mala perdedora tiene ahora la oportunidad de demostrar, desde el poder, un compromiso inequívoco con las instituciones democráticas. ¿Lo hará?
