
Mientras las principales economías y las grandes corporaciones diseñan estrategias para los próximos veinte o treinta años, el Perú continúa respondiendo a la coyuntura. La planificación existe en documentos; rara vez se convierte en política de Estado.
El Perú cuenta con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), cuyo ente rector es el CEPLAN, pero sus planes estratégicos -incluido el Plan 2050- suelen quedar desconectados del presupuesto y de las prioridades de cada nuevo gobierno, que con frecuencia desecha lo avanzado. Tienen vida administrativa, no vida política. ¿Qué gobierno puede brindar un rumbo cierto si entre EL 2021 y 2026 el país registró más de 180 cambios ministeriales?
Ese vacío de planificación efectiva cuesta mucho y la pagamos con la tuya y con la mía: infraestructura inconexa, proyectos paralizados, sobrecostos, menor inversión. Ahí están el Gasoducto Sur Peruano, Refinería de Talara, Majes Siguas II, Chavimochic III, Alto Piura, Línea 2 del Metro de Lima, el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los Corredores Viales Interoceánicos y la Longitudinal de la Sierra, entre otros. Todos han atravesado varios gobiernos sin una conducción estratégica duradera. Hasta el gas de Camisea, que hoy genera más del 40% de nuestra electricidad, demoró dos décadas en concretarse. En cada caso, el cambio de gobierno o la corrupción cortó la continuidad del plan original.
Otros países sí se propusieron objetivos ambiciosos y crecen sostenidamente hace décadas. Singapur es el ejemplo más claro: hace sesenta años era una nación pobre y sin recursos naturales; hoy es una de las economías más ricas, innovadoras y competitivas del mundo. Su éxito descansa en la continuidad política sobre la visión de Lee Kuan Yew y en los planes de largo plazo de la Junta de Desarrollo Económico (EDB), que sustentaron una educación de primer nivel, una economía abierta, un excelente clima para inversionistas, una infraestructura convertida en centro logístico y financiero, y una nula corrupción.
China, desde las reformas de Deng Xiaoping a fines de los setenta y con la meta fijada para 2049 de convertirse en una nación socialista moderna, próspera y fuerte, planifica su desarrollo mediante planes quinquenales que orientan al sector estatal y al privado, y que se revisan periódicamente. Estados Unidos no tiene un plan único, pero mantiene una notable continuidad estratégica: cambia de gobiernos sin renunciar a intereses permanentes como el liderazgo tecnológico, la seguridad hemisférica, el acceso a minerales críticos y la protección de sus cadenas de suministro.
Ante la casi nula planificación peruana de largo plazo, emerge el riesgo de ceder el control de nuestro futuro económico, político y social a potencias internacionales, corporaciones globales e instituciones financieras externas que procuran impulsar sus propias agendas. Las decisiones clave del país corren el riesgo de quedar crecientemente condicionadas por intereses externos.
La ausencia de una estrategia nacional no elimina la influencia externa; simplemente propicia que el Perú negocie desde una posición de mayor debilidad.

Esas potencias tienen muy claro lo que buscan del Perú: China prioriza puertos, corredores bioceánicos, minerales y seguridad alimentaria; EE.UU. prioriza seguridad hemisférica, cobre, cadenas de suministro, tierras raras e infraestructura digital. Su rivalidad por la hegemonía mundial también se manifiesta aquí, y nuestra falta de planeamiento nos expone a tensiones derivadas de ese forcejeo global. Es entendible que las grandes potencias persigan sus propios intereses; lo preocupante es que el Perú aún no defina con igual claridad los suyos.
Sería ingenuo esperar que las grandes potencias actúen distinto. La verdadera pregunta es otra: ¿cuáles son los intereses permanentes del Perú? Mientras otros planifican qué esperan obtener de nuestro país en las próximas décadas, nosotros seguimos concentrados en resolver la siguiente contingencia.
Ricardo Valcárcel, Analista económico.






