El Perú llega a estas elecciones tras una década de inestabilidad política que ha destruido cualquier rastro de predictibilidad. Desde el 2016, el país ha promediado casi un presidente por año, una parálisis legislativa crónica y un avance del crimen organizado que hoy controla territorios que el Estado simplemente abandonó por incompetencia. En este escenario, el voto no debería ser un impulso emocional ni una apuesta a ciegas. A muy pocos días de las elecciones, el análisis de los perfiles en carrera obliga a un descarte racional: hay principios no negociables que hoy separan la supervivencia del país del colapso definitivo.
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Mi primer “no” rotundo es para el candidato con complejo de mesías. El Perú ha pagado demasiado caro el caudillismo de quienes creen que su voluntad personal está por encima de las instituciones. Un político que desprecia el equilibrio de poderes y se siente facultado para “refundar” la nación a su medida es, por definición, un riesgo autoritario. No necesitamos líderes carismáticos ni salvadores, sino administradores con respeto por la ley. La inestabilidad actual nació precisamente de egos que pusieron su supervivencia política por encima de la viabilidad del Estado.
No daré mi voto a quien tema asumir un liderazgo fuerte contra la delincuencia. (Foto: Andina)
Tampoco votaré por quien no entienda que la seguridad jurídica es el único piso real para el crecimiento. El respeto irrestricto a los contratos y a la propiedad privada no es un favor para las empresas; es la garantía mínima para que cualquier ciudadano invierta su capital sin miedo a que el gobernante de turno decida cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Quien pretenda vulnerar estos derechos bajo retórica populista solo acelerará el empobrecimiento. El dinero público no cae del cielo; sale del bolsillo de los contribuyentes, y no puede seguir siendo el combustible de una indisciplina fiscal que nos deje sin ahorros ante la próxima crisis.
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En cuanto a la crisis de seguridad, el diagnóstico no admite medias tintas. No daré mi voto a quien tema asumir un liderazgo fuerte contra la delincuencia. El Estado ha perdido la batalla en las calles porque ha priorizado la retórica sobre la ejecución. Un gobernante que no esté preparado para pelear contra la extorsión y el crimen organizado con firmeza estratégica es, por omisión, responsable del caos. El orden es la condición necesaria para que la economía funcione; sin seguridad, no hay inversión ni consumo posible.
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Finalmente, mi veto es absoluto para quien siga viendo al Estado como un botín político. La burocracia peruana es cada vez más torpe, ineficiente y costosa, convertida en una agencia de empleos para amigos y financistas de campaña. El ascenso en el servicio público debe basarse exclusivamente en el mérito. Necesitamos un Gobierno que entienda que su rol no es estorbar al que produce, sino garantizar que el sistema funcione.
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El problema de fondo es que, de alguna manera, todos los candidatos en carrera adolecen de algunos de estos puntos esenciales. Nos enfrentamos, otra vez, a la penosa tarea de elegir al menos malo en una lista que parece diseñada para el fracaso. Sin embargo, en esa búsqueda del mal menor, lo único que no podemos negociar es el motor que sostiene al país. Como bien advirtió Winston Churchill: “Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros como la vaca que hay que ordeñar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro”. El domingo, asegúrese de no elegir a un jinete que termine por matar al caballo.
Omar Mariluz Laguna es periodista.
