Por José Deustua, director general de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la UTEC. En un país con más de 150 cuencas hidrográficas y miles de subcuencas y microcuencas, existen importantes vacíos de información. Cada vez que se discute sobre la disponibilidad de agua en el Perú, la conversación suele centrarse en lo que ocurre aguas abajo: reservorios, canales, plantas de tratamiento o conflictos por distribución. Sin embargo, el origen de esta historia se encuentra mucho más arriba, en las cabeceras de cuenca, los bofedales, las lagunas altoandinas, los glaciares y los ecosistemas de montaña que regulan el ciclo hídrico del país.
Estos ecosistemas cumplen una función silenciosa pero fundamental. Capturan, almacenan, infiltran y liberan agua de manera gradual hacia los ríos que abastecen ciudades, campos agrícolas e industrias. Son, en la práctica, una infraestructura natural de regulación hídrica de enorme valor económico.
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El problema es que conocemos mucho menos de lo que deberíamos sobre lo que ocurre en estos territorios. En un país con más de 150 cuencas hidrográficas y miles de subcuencas y microcuencas, existen importantes vacíos de información sobre precipitaciones, humedad de suelos, caudales, temperatura, calidad de agua y estado de los ecosistemas. Pocas empresas operarían una planta industrial sin indicadores de producción ni gestionarían sus finanzas sin información actualizada. Sin embargo, cuando se trata del agua —uno de los recursos más críticos para la economía peruana— seguimos tomando decisiones sobre inversiones, expansión productiva y gestión del territorio con información limitada sobre los lugares donde este recurso se origina.
Esta situación debería preocupar especialmente a sectores como la minería y la agricultura. En el caso de la minería, la disponibilidad de agua constituye un factor crítico para la continuidad operativa de muchas unidades mineras y para su relación con las comunidades del entorno. En un contexto de creciente variabilidad climática, contar con información confiable sobre las condiciones hidrológicas de las cabeceras de cuenca permitiría anticipar riesgos, mejorar la planificación y fortalecer la confianza en el territorio.
Lo mismo ocurre en la agricultura. Desde la agricultura familiar hasta la agroexportación, la competitividad depende cada vez más de la capacidad de gestionar eficientemente el recurso hídrico. Conocer mejor las condiciones de las cuencas permite optimizar decisiones de siembra y riego.
La buena noticia es que hoy contamos con tecnologías que permiten cerrar gran parte de esta brecha de información. Sensores remotos, sistemas satelitales, Internet de las Cosas, plataformas digitales e inteligencia artificial permiten monitorear ecosistemas de manera continua y a costos significativamente menores que hace una década.
Es por ello que el país debería plantearse una meta ambiciosa: desarrollar una infraestructura digital de ecosistemas andinos. Una red nacional que combine monitoreo en campo, información satelital, modelos hidrológicos y análisis predictivo para comprender en tiempo real el estado de las principales cabeceras de cuenca del país.
La lógica es similar a la de cualquier otra infraestructura estratégica. Así como construimos carreteras para transportar bienes o redes eléctricas para distribuir energía, necesitamos sistemas capaces de generar la información necesaria para gestionar uno de los recursos más importantes para nuestra economía: el agua.
Los beneficios serían múltiples: anticipar sequías e inundaciones, mejorar la planificación de inversiones y reducir la incertidumbre que hoy enfrentan quienes dependen del agua para operar. También permitiría medir con mayor precisión el impacto de proyectos de conservación, restauración e infraestructura natural, orientando mejor las inversiones públicas y privadas.
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La necesidad de avanzar en esta dirección es cada vez más urgente. Los eventos asociados al Fenómeno de El Niño, el retroceso glaciar y otros efectos del cambio climático están modificando progresivamente el comportamiento de nuestras cuencas y aumentando la incertidumbre sobre la disponibilidad futura de agua.
Frente a este escenario, el liderazgo no debería recaer exclusivamente en el Estado. Las empresas mineras, agrícolas, energéticas y de agua tienen incentivos directos para invertir en conocimiento que reduzca riesgos y fortalezca la seguridad hídrica de los territorios donde operan. Las universidades pueden aportar las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para transformar datos en decisiones. Durante décadas hemos invertido en infraestructura para almacenar, transportar y distribuir agua. El próximo paso es invertir en infraestructura para entenderla. Porque el futuro del agua en el Perú se jugará menos en nuestra capacidad para reaccionar ante las crisis y más en nuestra capacidad para anticiparlas.
