Escribe: Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú
Este 2026 será un año bisagra para el Perú. A nivel económico, la mayoría de las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado, con tasas cercanas al 3%, impulsadas por un mejor entorno internacional, condiciones climáticas favorables y mayor inversión privada. Pero no debemos confundir el rebote con un verdadero cambio de tendencia.
Si queremos que este año marque el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenido, debemos volver a poner en valor un principio fundamental: la defensa irrestricta de la empresa privada y de las libertades económicas como motor del bienestar.
Las cifras lo confirman. El 99% de las empresas en el Perú son micro o pequeñas, y generan cerca de la mitad del empleo del país. En los últimos años, a pesar de un entorno adverso, más de 100,000 nuevos negocios formales se crearon solo en el tercer trimestre del 2025. Esta capacidad emprendedora debe ser reconocida y protegida. Y eso empieza por entender que cada empresa —grande o chica, formal o que busca formalizarse— es un actor clave para el desarrollo.
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Lamentablemente, hemos pasado años en los que se ha vilipendiado al empresariado, confundiéndolo con privilegios o rentismo. Lo que necesitamos ahora es lo contrario: políticas que faciliten hacer empresa, eliminen trabas inútiles, reduzcan costos regulatorios y restituyan la confianza en el futuro. Necesitamos menos permisos absurdos y más inversión productiva.
No se trata de un dogma ideológico. Es un enfoque pragmático que ha funcionado en otros países y que, en el Perú, ya ha demostrado su valor. Gracias a un entorno favorable a la inversión privada, entre el 2004 y 2013 el país creció a una tasa promedio anual de 6%, reduciendo la pobreza de más de 50% a menos del 25%. El libre comercio, las asociaciones público-privadas y un sector privado dinámico permitieron ese salto. ¿Por qué no volver a esa senda?
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Hoy enfrentamos desafíos complejos: informalidad persistente, baja productividad, inseguridad ciudadana, servicios públicos deficientes. Pero resolverlos con un Estado omnipresente y burocrático sería repetir errores del pasado. Lo que se requiere es un Estado eficiente, que haga bien lo que le corresponde —educación, salud, infraestructura, seguridad— y deje espacio para que la sociedad y el sector privado florezcan.
En la antesala de un nuevo proceso electoral, debemos alzar la voz con claridad: el Perú necesita más inversión privada, empleo formal y libertad económica, no más intervencionismo. Es hora de volver a creer en lo que funciona.
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Este 2026 puede ser el año en que recuperemos la confianza, en nosotros mismos y en el país que podemos construir. Pero para lograrlo, debemos dejar de lado discursos polarizantes y poner en el centro al verdadero protagonista del desarrollo: el ciudadano emprendedor.
