Un tribunal federal de apelaciones autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos, una medida que amplía un mecanismo que tradicionalmente se aplicaba a inmigrantes detenidos poco después de cruzar la frontera.
Con una votación de dos magistrados a favor y uno en contra, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia concluyó que la extensión de este procedimiento no vulnera los derechos de los inmigrantes afectados.
Al inicio de su segundo mandato, Trump instruyó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a aplicar la denominada “expulsión acelerada” a extranjeros que no puedan acreditar una permanencia continua de al menos dos años en el país, permitiendo su deportación sin una audiencia previa ante un juez de inmigración.
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Este mecanismo suele utilizarse en casos de inmigrantes indocumentados detenidos cerca de la frontera sur de Estados Unidos, quienes son retornados en un corto plazo, generalmente a México. Sin embargo, la disposición impulsada por la Casa Blanca habilita a los agentes migratorios a ejecutar deportaciones también en zonas alejadas de la frontera.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Justin R. Walker, designado por Trump, y contó con el respaldo de la jueza Neomi Rao, también nombrada por el mandatario. Walker sostuvo que el debate central no radica en la aplicación individual de la política, sino en determinar si la directriz en sí misma es ilegal.
El fallo representa un nuevo respaldo judicial a la agenda migratoria de la administración Trump y responde a una demanda presentada por la organización Make the Road New York, que sostenía que la medida violaba el derecho al debido proceso de los inmigrantes.
No obstante, el juez Robert L. Wilkins, designado por el expresidente Barack Obama, emitió un voto en disidencia al advertir que las autoridades migratorias no demostraron que la aplicación de esta política no hubiera afectado a personas con más de dos años de residencia en el país.
Un tribunal de apelaciones autorizó al Gobierno de Donald Trump a reactivar las deportaciones aceleradas en todo Estados Unidos. Foto: EFE.
Suprema respalda facultades del Ejecutivo
En otro revés para los grupos defensores de inmigrantes, la Corte Suprema también respaldó este martes al Gobierno de Trump en un caso relacionado con la deportación de residentes permanentes legales.
La decisión, aprobada por seis votos contra tres, se originó en la demanda presentada por Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo la residencia permanente en 2007 y posteriormente enfrentó un proceso de expulsión tras ser acusado de falsificación de prendas de vestir.
El máximo tribunal concluyó que las autoridades fronterizas no estaban obligadas a demostrar, con pruebas “claras y convincentes”, que Lau había cometido un delito antes de someterlo al procedimiento migratorio cuestionado.
Juez bloquea arrestos de ICE en tribunales migratorios
En paralelo, un juez federal de California amplió a nivel nacional la prohibición que impide a agentes de ICE realizar detenciones en los tribunales de inmigración.
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La resolución, emitida por el juez P. Casey Pitts, extiende una orden previa que impedía a las autoridades migratorias detener a inmigrantes en los pasillos de las cortes tras la resolución de sus casos.
Según el magistrado, las políticas implementadas por ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración carecían de una justificación adecuada y resultaban “arbitrarias y caprichosas”, en contravención de la legislación administrativa estadounidense.
Con información de EFE.
