
El parlamento de Israel aprobó este lunes una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos condenados por ataques mortales o actos terroristas en medio de la disputa bélica contra Hamás.
Con 62 votos a favor y 48 en contra, la medida fue impulsada en el Knéset, y estipula que cualquier persona detenida por dañar a israelíes o que intente “acabar con la existencia del Estado de Israel” tendrá como pena mínima la muerte por ahorcamiento.
De esa manera, esta ley celebrada por la mayoría ultraderechista de Israel —avalada también por el primer ministro Benjamín Netanyahu— será el castigo por defecto para los condenados por ataques terroristas en Cisjordania ocupada. Dicho criterio lo define el tribunal militar israelí.
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Este dictamen ha recibido el rechazo de países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, dado que socava los compromisos de Israel “con respecto a los principios democráticos”, y también de legisladores de la oposición al régimen de Netanyahu.

Alcances de la ley de pena de muerte en Israel
Según el proyecto impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la pena de muerte no se aplicará de manera retroactiva para los presos palestinos a merced de Israel, a pesar de que algunos están detenidos desde el ataque de Hamás en octubre del 2023.
La legislación, que entraría en vigor en un plazo de 30 días, enfrentará impugnaciones legales que podrían frenar su aplicación.
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Solo en caso de que el tribunal determine que hay razones especiales para no condenar a la horca a palestinos, la pena se podrá cambiar a cadena perpetua.
Desde la creación del Estado de Israel, solo dos personas han sido ejecutadas tras ser condenadas a muerte: en 1948, al oficial Meri Tobianski, a quien injustamente se acusó de espionaje, y en 1962, a Adolf Eichmann, figura clave del nazismo.
Cuestionan atropello a los derechos humanos
El Estado de Palestina criticó el dictamen de la pena de muerte y lo tildó de “instrumento en manos de la ocupación para perpetuar crímenes y garantizar la impunidad de los criminales de guerra israelíes”.
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“Esta ley constituye, en esencia, una decisión para la ejecución colectiva institucionalizada según criterios racistas, que refleja claras intenciones de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sumados a los crímenes de genocidio cometidos en la Franja de Gaza, que se extienden a la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén”, agregaron.

Desde la Asociación por los Derechos Civiles en Israel también se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, el cual exige la anulación de la ley de pena de muerte para terroristas debido a que Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania —territorio palestino ocupado— y también porque es inconstitucional al violar el derecho a la vida y proceso con las debidas garantías e igualdad.
En datos de la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, los tribunales militares tienen una tasa de condena cercana al 96%, en gran medida, por “confesiones” bajo presión o tortura.
Con información de AFP, EFE, DW y AP.






