Doce expertos en derechos humanos de la ONU exigieron este miércoles a Israel que retire el proyecto de ley para imponer la pena de muerte a condenados por terrorismo, y señalaron que supondría una violación del derecho a la vida y sería discriminatorio contra los palestinos de los territorios ocupados.
Teniendo en cuenta el sistema de derecho militar que Israel aplica a los palestinos desde 1967, «el riesgo de que se dicten sentencias de muerte contrarias a los derechos humanos es muy alto», advirtieron los expertos en un comunicado conjunto.
El proyecto de ley, subrayaron, introduciría definiciones «vagas y amplias» de lo que constituiría según el Código Penal crímenes terroristas, «incluyendo conductas que no lo son genuinamente», e impondría que tales delitos fueran castigados de forma obligatoria con la pena de muerte.
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Ello, subrayaron, «impediría a un tribunal considerar las circunstancias individuales, incluidos factores atenuantes», por lo que dificultaría que se dictara una sentencia «proporcionada».
Dos vías para la condena a la pena capital
Por otro lado, recordaron, la ley establecería dos vías para la condena a la pena capital, ya que en Israel y Jerusalén Este se aplicaría bajo la ley penal y sólo en caso de «asesinato intencionado de ciudadanos o residentes israelíes», mientras que en Cisjordania regiría la ley militar y castigaría «actos terroristas que causen la muerte de una persona», incluso de forma no intencionada.
Los expertos consideraron este sistema en dos vías doblemente discriminatorio: en Cisjordania sólo palestinos, y no colonos israelíes, estarían obligados a responder ante tribunales militares con menores garantías de debido proceso, y en Israel y Jerusalén sólo los asesinatos a israelíes recibirían la pena capital.
Recordaron, en este sentido, que la Corte Internacional de Justicia ha concluido con anterioridad que ciertas restricciones de Israel en los territorios palestinos ocupados constituyen segregación racial y apartheid.
Otros elementos de la ley que preocupan a los expertos son la prohibición de todo indulto o conmutación de la pena -otra violación del derecho a la vida, opinan- o la forma de ejecución: por ahorcamiento, en menos de 90 días tras la sentencia y rodeada de secretismo.
Quiénes firman el comunicado
Firman el comunicado, entre otros, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homólogo para la protección de los derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista, Ben Saul.
El proyecto legislativo, una enmienda al Código Penal, se encuentra en fase legislativa, y aún está pendiente de varias votaciones en La Knéset (Parlamento israelí) antes de poder convertirse en ley.
Israel prohíbe la pena de muerte para la mayoría de los delitos civiles y penales, siendo permitida exclusivamente en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio.
Desde la fundación del Estado en 1948, el único caso que resultó en una ejecución fue el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, cuya sentencia fue aplicada en 1962 tras ser condenado por crímenes contra la humanidad.
