Los países de la Unión Europea estudian la posibilidad de adoptar represalias económicas contra Estados Unidos por valor de 93,000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción del bloque comunitario, si el presidente Donald Trump impone aranceles contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.
Ambas medidas se plantearon en la víspera durante una reunión de urgencia que mantuvieron los embajadores de los Estados miembros en Bruselas tras la nueva amenaza de Trump y estarán sobre la mesa de los líderes europeos en la cumbre extraordinaria que celebrarán este próximo jueves.
No obstante, la mayoría de capitales apuesta de momento por dialogar con Washington para tratar de desescalar la tensión y entender qué hay de cierto en la amenaza de Trump, pero si la diplomacia fracasa, “la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder”, dijo hoy el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill.
Esta vista aérea, tomada por Mads Schmidt Rasmussen y distribuida por Arctic Creative, muestra a personas participando en una manifestación que reunió a casi un tercio de la población de la ciudad para protestar contra los planes del presidente estadounidense Donald Trump de tomar Groenlandia, el 17 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia. (Foto de Mads Schmidt Rasmussen / varias fuentes / AFP)
Lista de 93,000 millones de euros
A la imposición de aranceles de Estados Unidos, Bruselas reaccionaría con sus propios gravámenes a la importación de productos estadounidenses, por un valor de 93,000 millones de euros.
Los principales productos afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, los coches y los productos agroalimentarios como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.
¿Cuándo entraría en vigor?
La UE preparó la lista el año pasado, pero suspendió su aplicación mientras negociaba con Washington el pacto que Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron en Escocia en verano, en el que Bruselas aceptó un gravamen del 15 % para una gran cantidad de productos europeos, entre ellos los automóviles y los semiconductores, mientras que Estados Unidos vendería los suyos libres de aranceles.
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Actualmente, la lista de medidas por valor de 93,000 millones de euros está congelada hasta el 6 de febrero, pero podría reactivarse al día siguiente si los Veintisiete optan por no prorrogar la suspensión, algo que deberán decidir en las próximas semanas.
Mientras tanto, los principales grupos del Parlamento Europeo se oponen a ratificar el acuerdo entre Trump y Von der Leyen y tienen previsto tomar una decisión el próximo miércoles.
Instrumento anticoerción
Informalmente se le conoce como el “bazuca comercial” y entró en vigor en 2023 para hacer frente a “una situación en la que un país tercero intenta presionar a la UE o a un Estado miembro para que tome una decisión determinada, aplicando o intentando aplicar medidas que afecten al comercio o la inversión”.
El instrumento prevé que la Comisión Europea actúe de forma gradual para poner fin a la amenaza, primero entablando negociaciones con el país en cuestión y sólo en último término se adoptarían represalias comerciales, que podrían incluir un amplio abanico de medidas.
Por ejemplo, restricciones a las importaciones y exportaciones a Estados Unidos, a sus inversiones en la UE, restringir los derechos de propiedad intelectual de empresas estadounidenses o prohibirles participar en licitaciones públicas.
El jefe de Gobierno de Groenlandia (Naalakkersuisut), Jens-Frederik Nielsen (izq.), y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ofrecen una declaración en el Salón de los Espejos de la Oficina del Primer Ministro en Copenhague, Dinamarca, el 13 de enero de 2026. Nielsen declaró que el territorio autónomo de Groenlandia optaría por seguir siendo danés en lugar de formar parte de Estados Unidos, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de anexionarse la isla ártica. Frederiksen, por su parte, afirmó que no había sido fácil hacer frente a lo que calificó de "presión completamente inaceptable por parte de nuestro aliado más cercano". (Foto de Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)
¿Cómo se activa?
Su puesta en marcha puede alargarse varios meses y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en llegar, aunque los plazos pueden acortarse si se quiere actuar con celeridad.
En primer lugar, la Comisión tiene hasta cuatro meses para comprobar que la UE se enfrenta a una coerción económica.
Una vez haya llegado a esa conclusión, los países de la UE tienen un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con el visto bueno de al menos 15 países que representen al 65 % de la población.
Bruselas tendría entonces seis meses para plantear las represalias.
El presidente francés, Emmanuel Macron, es quien más favorable se ha mostrado a activar el instrumento anticoerción, en una propuesta que apoyan también España, Alemania y Polonia, según han dicho a EFE fuentes diplomáticas.
Aunque por ahora no hay consenso para estrenarlo frente a Estados Unidos.
