
El Gobierno de Cuba autorizó este miércoles la participación del sector privado en actividades que hasta ahora permanecían reservadas al Estado, como la operación de gasolineras, farmacias, geriátricos e instalaciones portuarias, en el marco de un amplio paquete de reformas orientadas a dinamizar la economía de la isla.
La medida forma parte de las 176 reformas económicas aprobadas por el Parlamento el pasado 18 de junio, que abarcan aspectos relacionados con la organización de las empresas privadas, el sistema bancario, la agricultura, la inversión extranjera, la política salarial y el mercado cambiario.
Entre los sectores que ahora podrán contar con participación privada figuran la distribución de combustibles, servicios farmacéuticos y ópticos, residencias para adultos mayores, terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, importación de vehículos, proyectos de energías renovables y determinadas operaciones petroleras y mineras, estas últimas sujetas a condiciones específicas.
Las autoridades cubanas señalaron que actualmente existen más de 15.000 pequeñas y medianas empresas (mipymes) autorizadas en el país, una cifra que refleja la aceleración del proceso iniciado en 2021, cuando se permitió nuevamente la creación de negocios privados.

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Salud y educación seguirán bajo control estatal
Pese a la apertura, el Gobierno aclaró que la atención médica continuará siendo una responsabilidad exclusiva del Estado y que los servicios hospitalarios públicos seguirán siendo gratuitos para la población.
En educación, la administración mantendrá el control del sistema escolar, aunque permitirá la participación privada en actividades complementarias, como guarderías, enseñanza de idiomas y tutorías.
Asimismo, sectores considerados estratégicos, como los medios de comunicación, las telecomunicaciones y la seguridad, permanecerán bajo administración estatal.
Reformas en medio de una profunda crisis
Las medidas representan uno de los cambios más importantes en el modelo económico cubano desde la Revolución, en un contexto marcado por la severa crisis que atraviesa la isla, caracterizada por apagones recurrentes, escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.
El escenario también coincide con el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba. Además del embargo económico vigente desde 1962, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso en enero nuevas sanciones, entre ellas restricciones al sector petrolero y medidas contra empresas y funcionarios cubanos.
Washington sostiene que Cuba constituye una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, mientras que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusó recientemente a Estados Unidos de intentar desestabilizar al país mediante una política de presión económica que calificó de “genocida”.
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Elaborado con información de AFP







