El Gobierno de Chile proyecta culminar en un plazo máximo de dos años la instalación de un escudo físico fronterizo en la zona norte del país, en los límites con Perú y Bolivia. Así lo informó el comisionado presidencial del proyecto, el almirante (r) Alberto Soto.
La iniciativa, denominada Escudo Fronterizo, contempla un enfoque multidimensional que incluye la construcción de zanjas —cuyos trabajos se iniciaron esta semana—, además de barreras tecnológicas, ajustes legales y medidas de gestión.
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Según detalló Soto en una entrevista con el diario La Tercera, el plan prioriza cerca de 400 kilómetros considerados como zonas vulnerables dentro de los más de 1,100 kilómetros de frontera en el norte chileno.
El primer tramo en ejecución abarca aproximadamente 100 kilómetros de obstáculos físicos para impedir el tránsito irregular, con intervenciones específicas en regiones como Tarapacá y Antofagasta. Estas obras podrían complementarse con muros, concertinas y otras estructuras.
“El escudo físico antimovilidad debería estar terminado en aproximadamente dos años como tope”, afirmó el comisionado, quien fue designado el pasado 11 de marzo por el presidente José Antonio Kast.
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En el plano legal, la propuesta busca endurecer las medidas contra el ingreso irregular, incluso evaluando su tipificación como delito, además de revisar beneficios sociales para migrantes en esa condición. No obstante, autoridades del Ejecutivo han señalado que servicios como salud y educación no serán restringidos.
El plan también contempla el fortalecimiento de la vigilancia mediante tecnología, a través de sistemas como el Sifron y proyectos de “muralla digital”, cuya implementación se inició en la administración anterior y que seguirá recibiendo inversión en los próximos años.
Soto indicó que algunas obras podrían concluir antes del plazo previsto, aunque advirtió que, de no observar avances significativos en el primer año, el proyecto estaría rezagado.
