El Gobierno de Bolivia atraviesa una creciente crisis social y política que comenzó a inicios de mayo con protestas sectoriales por demandas salariales, cuestionamientos a la calidad de los combustibles y el rechazo a una reforma agraria, pero que terminó escalando hacia movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras se intensificaron esta semana en La Paz, agravando la situación económica y política del país. Mientras el mandatario recibió respaldo de Estados Unidos y de algunos gobiernos de la región, también enfrentó una tensión diplomática con Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro que fueron calificadas por La Paz como una “injerencia”.
1. El origen: el rechazo a la reforma de tierras
Las primeras protestas fueron impulsadas por comunidades campesinas e indígenas de la Amazonía boliviana, que marcharon durante 24 días desde Pando hasta La Paz para exigir la derogatoria de la Ley 1720, que permitía reclasificar pequeñas propiedades rurales como medianas con fines de acceso al crédito.
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Los manifestantes consideraban que la norma favorecía la concentración de tierras en manos de grandes propietarios y empresas agrícolas. A estas movilizaciones se sumaron sindicatos campesinos aimaras mediante bloqueos en el altiplano paceño.
Aunque el Ejecutivo derogó la ley el 13 de mayo, la medida solo logró contener parcialmente el conflicto.
2. Nuevas demandas amplían el conflicto
Posteriormente, la Central Obrera Boliviana (COB) presentó un pliego con más de 200 pedidos, entre ellos un incremento salarial de 20%, medidas para contener la inflación y garantías para evitar privatizaciones de empresas estatales.
La inflación anual en Bolivia cerró el 2025 en 20.4%, mientras que la variación acumulada hasta abril de este año llegó a 14.18%.
Aunque la COB convocó una huelga indefinida sin una adhesión masiva, desde entonces lidera movilizaciones diarias en La Paz junto con maestros, obreros fabriles, mineros y organizaciones campesinas.
El Gobierno descartó varias exigencias, incluido el aumento salarial general, aunque alcanzó acuerdos con sectores de maestros y cooperativistas mineros.
Las protestas en Bolivia comenzaron por reclamos sobre tierras y salarios, pero derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. Foto: Gabriel Márquez / EFE.
3. La crisis adquiere un tono político
El conflicto tomó un giro político cuando el dirigente de la COB, Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari firmaron un acuerdo para impulsar la salida de Paz, a quien calificaron de “incapaz”.
Ese mismo día comenzaron bloqueos en rutas nacionales y en carreteras que conectan Bolivia con Perú y Chile.
El Ejecutivo responsabilizó al expresidente Evo Morales de incentivar las protestas. En paralelo, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra dirigentes sindicales por presuntos delitos como instigación pública y terrorismo.
El Gobierno también atribuyó a los bloqueos la muerte de tres mujeres que no habrían recibido atención médica a tiempo debido al cierre de rutas.
4. El factor Evo Morales
La movilización coincidió con una nueva orden de captura contra Morales, luego de que no acudiera a una audiencia vinculada al proceso por presunta trata agravada de personas, relacionada con una menor de edad durante su etapa en la Presidencia.
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5. Fracasa el desbloqueo y aumentan los choques
El 16 de mayo, el Gobierno desplegó un operativo policial y militar para habilitar un “corredor humanitario” en algunas carreteras; sin embargo, los bloqueos continuaron.
Los enfrentamientos se extendieron a distintas vías y también a El Alto, ciudad vecina de La Paz.
La tensión aumentó el 18 de mayo cuando la marcha afín a Morales ingresó a la capital boliviana y se sumó a movilizaciones que dejaron daños en infraestructura pública y privada. Los choques con la Policía terminaron con más de 120 detenidos.
6. La preocupación internacional
Estados Unidos calificó las protestas como un intento de golpe a Paz, que previamente también recibió el respaldo de otros Gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile y Paraguay.
“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al Gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, manifestó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está en marcha una “insurrección popular”, lo que derivó en la expulsión de su embajadora en La Paz.
Con información de EFE.
