Todo lo que podía salir mal en la elección de Perú, salió mal. La llegada tardía de boletas a varios centros de votación desencadenó una cadena de errores de la autoridad electoral, que culminó con la renuncia de su jefe, cuando el proceso aún no había concluido.
A más de dos semanas después de la votación, arriba del 4% de los sufragios sigue sin contabilizarse por impugnaciones. Los candidatos que compiten por el segundo lugar en el balotaje de junio —el izquierdista Roberto Sánchez y el derechista Rafael López Aliaga— están separados por unos 24,000 votos.
Los resultados finales podrían no estar listos hasta mediados de mayo, tras revisarse las actas cuestionadas. Este retraso agrava un momento político ya explosivo. Las denuncias de fraude, acusaciones de manipulación y llamados a anular la elección aumentan. Sea cual sea el resultado, es probable que la parte perdedora lo impugne, lo que eleva el riesgo de disturbios sociales.
Incluso las pocas certezas son desalentadoras: Keiko Fujimori llegó al balotaje con apenas el 17% de los votos; 23 candidatos obtuvieron menos del 1% cada uno; y la división geográfica refleja un país fragmentado entre dos visiones irreconciliables. Esto es notable incluso para un país que ha tenido tres presidentes desde octubre. Si Perú necesitaba una ruptura con años de inestabilidad institucional, esta elección produjo lo contrario.
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Sin embargo, este caos no es exclusivo de Perú. En América Latina, las elecciones enfrentan presión por fallas administrativas, polarización política, maniobras oportunistas y la interferencia del crimen organizado. Perú es menos una excepción que una advertencia: cuestionar elecciones, con o sin fundamento, erosiona la legitimidad.
Basta con algunos ejemplos. En Honduras, fallas técnicas el año pasado retrasaron los resultados por semanas en una contienda muy ajustada, desatando acusaciones de irregularidades. El gobierno saliente solicitó un recuento incluso cuando el candidato oficialista quedó relegado a un distante tercer lugar. La elección de Guatemala en 2023 estuvo marcada por interferencias judiciales destinadas a bloquear candidatos y alterar el resultado, incluso después de la sorpresiva victoria de Bernardo Arévalo.
En Brasil, la votación de 2022 terminó con el entonces presidente Jair Bolsonaro negándose a reconocer la derrota tras cuestionar repetidamente la integridad del sistema electoral. Esto derivó unos meses después en disturbios en Brasilia que recordaron al ataque al Congreso de EE.UU. dos años antes. Y en el caso más flagrante, el régimen de Venezuela ni siquiera intentó disimular y simplemente robó la elección de 2024.
Así, los problemas electorales en América Latina apuntan a una tendencia preocupante para votantes, autoridades y mercados. Los políticos deben entender que manipular las reglas para beneficio propio es una espiral peligrosa que termina por corroer el sistema. Dado que estas tácticas populistas han llegado para quedarse, la prioridad debe ser fortalecer los mecanismos institucionales que protegen los procesos electorales.
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En este contexto, no sorprende la caída de la confianza en la región y a nivel global. En promedio, apenas el 34% de los latinoamericanos confía en las autoridades electorales, según Latinobarómetro, una cifra que Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Stimson Center en Washington, califica como “preocupantemente baja”.
“El escepticismo generalizado y crónico sobre la gestión electoral facilita que un candidato derrotado genere problemas”, me dijo. “Es un recordatorio de la importancia de contar con observación electoral creíble”.
Estos antecedentes son una advertencia ante dos de las mayores y más disputadas elecciones de la región: Colombia el próximo mes y Brasil en octubre, donde cerca de 200 millones de personas están registradas para votar en conjunto.
El imprudente presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sugerido recientemente que podría condicionar su reconocimiento de los resultados tras atacar repetidamente a las autoridades electorales del país, llegando incluso a afirmar que existe un “riesgo del 100% de fraude electoral”.
¿Suena familiar? Sí, pese a sus diferencias ideológicas, figuras que van desde Bolsonaro hasta Donald Trump han utilizado el mismo cínico manual. También la violencia contra las fuerzas de seguridad está aumentado antes del voto, en una elección en donde la inseguridad es uno de los principales temas de campaña.
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En Brasil, el influyente juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó investigar al precandidato Flávio Bolsonaro por presuntamente difamar a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El tribunal también analiza a un segundo precandidato por publicar videos satíricos sobre los magistrados en medio de un creciente descontento público con su desempeño.
Estas acciones representan una interpretación excesiva del rol del tribunal, o incluso una intromisión directa en el proceso electoral que podría ser contraproducente. Mientras tanto, en México, donde el oficialismo de Morena aún sostiene sin pruebas que su líder Andrés Manuel López Obrador fue despojado de la presidencia en 2006, el Congreso acaba de aprobar una reforma para reducir el presupuesto electoral, una medida que podría debilitar la independencia de la autoridad electoral.
“Los gobiernos populistas erosionan controles institucionales y derechos de las minorías. Lo que está en causa es, más que el núcleo de la democracia, su ropaje liberal”, afirma Andrés Malamud, politólogo del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, quien también advierte que el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico contra candidatos constituye “la verdadera amenaza para la democracia”.
América Latina también puede mostrar ejemplos recientes de elecciones limpias en las que los perdedores aceptan los resultados tras campañas intensas pero justas, desde el balotaje en Chile en diciembre hasta el giro drástico en Argentina del peronismo hacia Javier Milei en 2023. Cuando los políticos llevan el sistema al límite en busca de poder o el crimen organizado se infiltra, las instituciones se erosionan y la democracia queda en riesgo. Lamentablemente, Perú está lejos de ser el único caso.
Escrito por Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg Opinion que cubre negocios, asuntos económicos y política en América Latina. Anteriormente fue editor jefe de Bloomberg News para economía y gobierno en la región.
