
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que permita aplicar nuevas restricciones al voto por correo en las elecciones legislativas de noviembre, pese a que una jueza federal bloqueó la medida por considerar que podría dejar a millones de ciudadanos sin votar.
La petición busca que el alto tribunal suspenda temporalmente una decisión emitida por la jueza federal Indira Talwani, quien frenó una normativa del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) que impone nuevos requisitos para el envío de papeletas electorales.
La medida obliga a las autoridades estatales y locales a presentar previamente al Servicio Postal el diseño de los sobres utilizados para enviar y devolver las papeletas. También les exige registrar en una plataforma electrónica los nombres, las direcciones y los códigos de barras correspondientes a los votantes que recibirán las papeletas.
Sin embargo, la jueza Talwani concluyó que aplicar estos cambios a menos de 70 días de las elecciones del 3 de noviembre podría generar confusión y privar del voto a millones de estadounidenses.
La jueza señaló que los estados no cuentan con el tiempo ni con los recursos necesarios para rediseñar los sobres, conseguir su aprobación, actualizar sus sistemas, capacitar al personal electoral y recopilar los datos de los votantes antes de los comicios.
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También precisó que el Gobierno no presentó pruebas de fraude generalizado en el voto por correo que justifiquen la entrada en vigor urgente de la medida.
Las restricciones que el Gobierno Trump desea imponer se derivan de una orden ejecutiva firmada el pasado 31 de marzo para modificar cómo se celebran las elecciones federales, cuya organización corresponde tradicionalmente a los estados.
Esta es la tercera vez que el Gobierno recurre al Supremo por este tema. En una decisión anterior, el tribunal se posicionó en contra de otro fallo de la juez Talwani, argumentando que la normativa postal todavía no había sido aprobada de forma definitiva, aunque no se pronunció sobre su legalidad.
Elaborado con información de EFE.








