La historia económica contemporánea no registra un caso de autodestrucción tan severo como el de la industria petrolera venezolana. En apenas tres décadas, el país pasó de ser el sexto productor mundial en 1995 a ocupar un marginal decimoséptimo puesto en 2025. Esta regresión fue consecuencia de una gestión que quedará como un manual perfecto de cómo desmantelar una industria próspera mediante corrupción, desinversión sistemática y el populismo.
Antes de la irrupción del chavismo, Petróleos de Venezuela (PDVSA) no solo era un gigante operativo, sino también una empresa bastante solvente. Durante los años noventa, su deuda se mantenía al día y cotizaba cerca de la par (100%). Bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, esa solvencia se evaporó. La deuda de la estatal colapsó hasta tocar niveles cercanos al 10% de su valor nominal.
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Sin embargo, el mercado financiero ha comenzado a reaccionar. Tras la reciente captura de Nicolás Maduro, los bonos venezolanos han experimentado un repunte significativo, al pasar de cotizar alrededor del 10% a cerca del 35% de su valor nominal. Esta reacción refleja expectativas de un cambio estructural en la conducción política y económica del país.
La intervención reciente y el renovado interés de Estados Unidos en el crudo venezolano responden a una lógica de mercado difícil de refutar. Aunque el país norteamericano es hoy el principal productor mundial de petróleo gracias al shale gas (gas de esquisto que produce petróleo ligero), su infraestructura de refinación —especialmente en Texas y Luisiana— fue diseñada para procesar crudo pesado. Esta asimetría técnica obliga al país a importar este tipo de petróleo. Actualmente, Canadá es su principal proveedor; sin embargo, la dependencia de fuentes lejanas o de rivales geopolíticos como Rusia convierte al crudo pesado venezolano en una necesidad estratégica. Con las mayores reservas de petróleo del planeta, Venezuela vuelve a ocupar un lugar clave en la ecuación energética estadounidense.
Diseño: Kelly Villanueva
Diseño: Kelly Villanueva
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El resurgimiento de la industria también implica resolver cuentas pendientes. En 2025, la justicia internacional ratificó que el Estado venezolano adeuda más de $10,000 millones a gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips, cuyos activos fueron confiscados ilegalmente. Se espera que estas empresas sean las primeras en retomar el control operativo de activos clave, con el fin de cobrarse esas deudas a través de producción directa. Asimismo, empresas como Chevron y firmas de servicios petroleros como Halliburton —que resistieron años de hostilidad operativa— mantienen acreencias millonarias contra PDVSA. Su permanencia en el país les otorga una ventaja competitiva para liderar la reactivación inmediata de los pozos.
En conclusión, la devastación de PDVSA fue el resultado de una combinación de corrupción y negligencia administrativa sin precedentes. No obstante, el giro político actual abre la puerta a una recuperación acelerada. La reincorporación de Venezuela al mercado energético global no solo permitiría abastecer las refinerías del sur de Estados Unidos y saldar deudas históricas, sino también inyectar a la economía venezolana el flujo fiscal necesario para un rebote económico que el país reclama tras décadas de empobrecimiento.
CEO y Fundador Allié Family Office. Past President CFA Society Peru. Licenciado en Ciencias Económicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un grado de MBA en Administración de Empresas por la Universidad de Texas en Austin.
