Durante años, en el Perú, las telecomunicaciones, la tecnología y los medios digitales fueron tratados como asuntos técnicos o especializados: importantes, pero no urgentes. El 2026 marca un quiebre definitivo de esa lógica. Observamos que el entorno digital deja de ser periférico para integrarse al núcleo del compliance empresarial.
El 2025 fue el año en que este cambio empezó a materializarse. En materia de protección de datos personales, el nuevo reglamento de la ley elevó el estándar regulatorio y organizacional, incorporando figuras clave como el Oficial de Datos Personales y reforzó obligaciones concretas de gestión. El incremento de la fiscalización por parte de la autoridad cerró el círculo: las multas impuestas superaron los S/ 11 millones, lo que confirmó que la etapa meramente declarativa quedó atrás. Cumplir ya no significa solo contar con políticas, sino disponer de estructuras, roles claros y capacidad real de respuesta.
Algo similar ocurre con la inteligencia artificial. El Perú se ha posicionado tempranamente entre los países que han decidido regular esta tecnología. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no está en la aprobación del marco normativo, sino en su implementación. Desde 2026, las obligaciones asociadas al uso de la IA serán exigibles en sectores como salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas. La discusión deja de ser conceptual y pasa a ser operativa: gobernanza, trazabilidad, responsabilidad y gestión de riesgos.
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Este escenario regulatorio se desarrolla, además, en un contexto político e institucional particularmente complejo. El 2026 será un año electoral marcado por elecciones generales, comicios regionales y municipales, y el retorno de la bicameralidad parlamentaria tras más de tres décadas. Históricamente, estos ciclos traen consigo mayor volatilidad normativa, presión fiscalizadora y reformas estructurales.
En paralelo, el país avanza en la construcción de su Agenda Digital 2026–2030 y en el proceso de redacción de una nueva Ley de Telecomunicaciones. Todo ello ocurrirá de manera simultánea.
En este contexto, desde Niubox observamos que resulta cada vez más evidente que el riesgo digital ya no puede gestionarse en silos. La ciberseguridad dejó de ser un problema exclusivamente técnico para convertirse en un asunto de confianza, continuidad operativa y responsabilidad legal. La regulación digital ya no es un tema aislado del área legal: impacta de forma transversal y directa en decisiones de negocio, inversión, reputación y competitividad.
Además, el último 23 de enero se publicó el Decreto Legislativo 1700 que modifica la Ley de Delitos Informáticos e incorpora un nuevo delito: la adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos personales. ¿Qué cambia en la práctica? La protección de datos deja de ser solo un tema administrativo, ahora tendrá penas de hasta 10 años de prisión en ciertos supuestos. Se sanciona no solo al que roba datos, sino también a quien posee, compra, recibe, comercializa o facilita bases de datos obtenidas sin consentimiento o mediante brechas de seguridad.
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En materia de innovación legal, durante el último año algunas de las transformaciones más relevantes provinieron de gerencias legales in-house que entendieron, antes que el resto de la organización, que el cambio no era sólo normativo, sino estructural. Se trata de equipos que rediseñaron procesos, incorporaron tecnología, utilizaron inteligencia artificial con criterio y adoptaron enfoques centrados en el usuario interno. No por moda, sino por necesidad.
El 2026 será decisivo. Las empresas que sigan tratando lo digital como un tema accesorio llegarán tarde. Aquellas que lo integren al corazón de su compliance estarán mejor preparadas para navegar un entorno regulatorio más complejo, más exigente y, al mismo tiempo, lleno de oportunidades.
En el nuevo escenario digital peruano, cumplir ya no es solo evitar sanciones, es una ventaja estratégica.
