En el marco del VIII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Lima, Fernanda García-Yrigoyen, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú, expuso sobre las recientes modificaciones a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los preparativos del país para enfrentar la próxima evaluación, programada para 2026.
Durante su presentación, García-Yrigoyen explicó que el GAFI, establece estándares internacionales a través de 40 recomendaciones dirigidas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas recomendaciones, que han sido modificadas en diversas ocasiones, son la base para las evaluaciones que los países deben enfrentar periódicamente. Perú, miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ha sido evaluado en cuatro ocasiones: 2003, 2005, 2008 y 2018.
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¿Por qué son importantes las 40 recomendaciones?
García-Yrigoyen explicó que las 40 recomendaciones del GAFI son esenciales para estructurar el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en un país. Estas recomendaciones abarcan desde la prevención, que incluye a las entidades obligadas a reportar a la UIF, hasta la persecución penal por parte de las autoridades judiciales.
Destacó que, además de establecer un marco normativo, las recomendaciones evalúan la efectividad en su aplicación, midiendo cómo los países implementan estas medidas en la práctica. Esto incluye investigaciones, sentencias y la capacidad de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos.
García-Yrigoyen advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con las recomendaciones, como la inclusión en la lista de la International Cooperation Review Group (ICRG), lo que afecta la reputación del país, incrementa el riesgo país y dificulta el acceso a líneas de crédito y al comercio exterior.
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Preparación para la quinta ronda
La superintendente informó que la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI comenzará en 2026, y Perú ya ha iniciado una autoevaluación para mejorar en las áreas donde obtuvo una calificación de cumplimiento parcial en la evaluación de 2018.
Un cambio importante en las recomendaciones es la inclusión del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en las evaluaciones de riesgo. Perú ha actualizado su normativa para cumplir con esta nueva exigencia y ha realizado tres evaluaciones nacionales de riesgo, la última en 2021.
Además, García-Yrigoyen destacó que los riesgos han cambiado con el tiempo. Mientras que en 2016 el mayor riesgo era el tráfico ilícito de drogas, en 2021 la minería ilegal se convirtió en el principal riesgo, seguido de la corrupción y el tráfico de drogas.
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Beneficiario final
García-Yrigoyen explicó que Perú ha implementado normas para que las personas jurídicas registren ante la Sunat a la última persona natural que controla o es propietaria de una empresa, lo cual es clave para prevenir el lavado de activos mediante estructuras corporativas complejas.
Durante la evaluación de 2018, Perú obtuvo una calificación de cumplimiento parcial en esta área, ya que la norma no estaba totalmente implementada. Sin embargo, tras introducir las regulaciones necesarias, la calificación mejoró a “mayoritariamente cumplido”. Actualmente, la información del beneficiario final está accesible a entidades como la SBS, la UIF, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La superintendente señaló que Perú se encuentra en un proceso de actualización de datos estadísticos relacionados con sentencias por lavado de activos y otros delitos relacionados. Es necesario para cumplir con los requisitos que exige información de los cuatro años previos al inicio de la evaluación.
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Recuperación de activos
La representante de la UIF, explicó que las recomendaciones del GAFI exigen que los países cuenten con regulaciones claras sobre el decomiso, incautación y embargo de bienes relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que tengan autoridades capaces de aplicar estas medidas.
En Perú, existen fiscalías especializadas que manejan estos temas, y se resalta la importancia de la asistencia legal mutua para el intercambio de información internacional, dado el carácter transnacional de estos delitos.
Además, mencionó que la UIF tiene la facultad de congelar activos administrativamente cuando hay sospechas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, y que en Perú ya se aplican medidas como la extinción de dominio, que permite al Estado tomar posesión de bienes ilícitos.
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Prevención del lavado de activos
Una de las medidas clave discutidas fue la creación de organismos centralizados para la prevención del lavado de activos, enfocados en los notarios. Fredy Guerra, Gerente de Cumplimiento y Ética en Cosapi explicó que estos organismos consolidarán una base de datos para identificar patrones sospechosos y detectar operaciones inusuales, mejorando la coordinación entre entidades y complicando las actividades ilícitas.
Sebastián Hasenauer, Country Manager Región Andina en CIAL Dun & Bradstreet, añadió que estos organismos también servirán para detectar desbalances patrimoniales y otras actividades sospechosas. Además, sugirió que los notarios deberían informar a las contrapartes en transacciones con personas expuestas políticamente para evitar complicaciones legales.
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Sector que requieren mayor regulación
Hasenauer identificó sectores que aún no están suficientemente legislados en la lucha contra el lavado de activos, destacando el sector minero, incluido el de la minería ilegal. “Todo el sector minero, independientemente de su tamaño, debería ser sujeto obligado y auditado anualmente, ya que es uno de los principales riesgos en el país”, afirmó.
Además, subrayó la necesidad de una mayor regulación en el sector público, mencionando que las instituciones estatales están altamente degradadas en términos de integridad. Propuso que todas las empresas que cotizan en bolsa sean sujetas obligadas, sin importar su sector, y que cumplan con estándares éticos rigurosos.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.