La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó, tal como lo adelantó Gestión, que el incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao previsto responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, promulgado en diciembre de 2023; es decir, durante el Gobierno de Dina Boluarte.
De acuerdo con dicha norma, se ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas), con el objetivo de que las empresas prestadoras, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio.
“En cumplimiento estricto de esta norma, emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la Sunass llevó a cabo el proceso regulatorio correspondiente, que incluyó la publicación del proyecto tarifario, la realización de una audiencia pública y la recepción de comentarios de diversos actores del sector tales como: usuarios, Sedapal, MVCS y otros”, se puede leer en un comunicado oficial de la entidad.
Los resultados de esta evaluación técnica se reflejan en las nuevas tarifas que serán aplicadas por la empresa.
LEA TAMBIÉN: Retiro del medidor de agua: en qué casos procede y qué exige la norma
Sobrecosto. Los más vulnerables pagarían más de S/100 por el servicio.
LEA TAMBIÉN: Recibos de agua en Lima y Callao sufrirían alza este año: Sedapal explica los dos motivos
Tipo de usuario
El incremento tarifario para Lima se aplicará desde enero de 2026 y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero.
Para los usuarios domésticos, con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70.
En términos porcentuales, el incremento en Lima oscila entre 12% para usuarios residenciales (social y doméstico) y 20% para usuarios no residenciales (estatal, comercial e industrial).
Durante la audiencia pública, el regulador precisó que cualquier incremento tarifario debe estar asociado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio y anunció que intensificará la fiscalización y el seguimiento para asegurar que los recursos adicionales sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.
