El Congreso de la República aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más, hasta junio de 2025. Esta es la tercera ampliación del Reinfo -que vencía el 31 de diciembre de 2024- e incluso, acorde a lo aprobado por el Parlamento, existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda extenderlo una vez más por otros seis meses.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, ya adelantó que revisarán la autógrafa de ley aprobada para decidir si la ampliación se promulga o no. Para esto, el Gobierno tendrá un plazo de 15 días para tomar su decisión, desde que llegue el documento a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), pero ¿cuáles deberían ser los siguientes pasos del Poder Ejecutivo?
Luis Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) comentó a Gestión que, pese a la presión que pueda existir, el Gobierno debería observar la iniciativa. El especialista advirtió que, con esta reciente extensión del Reinfo, los conflictos con la minería ilegal persistirán.
“Creo que lo que debería el Gobierno es observar la ampliación del Reinfo. Aunque el Congreso probablemente va a presionar a que acepte la ampliación, eso simplemente extiende el plazo, pero todo lo demás continúa. Seguiremos en un limbo donde los ilegales pueden usar ese registro suspendido para trabajar ilegalmente”, comentó a Gestión.
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Carlos Herrera Descalzi, exministro del Minem, coincidió en que la ampliación del Reinfo es una salida temporal que no resuelve los problemas estructurales del sector. Sin embargo, señaló que sería complicado observar la extensión sin tener otro marco legal para la formalización minera.
Herrera Descalzi consideró que, aunque hay mineros ilegales que se escudan detrás del Reinfo, existen casos en los que los mineros informales han expresado su voluntad de formalizarse, pero se enfrentan a requisitos difíciles de cumplir, como la obtención de derechos sobre concesiones y terrenos.
Teniendo en cuenta que de cada 100 pequeños mineros o mineros artesanales, solo 20 están en proceso de formalización, el experto indicó que el Gobierno necesita realizar un estudio que evidencie los motivos por los cuales no logran formalizarse.
“Si cierra en estos momentos el Reinfo, normalmente lo que tendría que hacer es impedir toda circulación de todos aquellos que no estén entre los pocos formalizados. El problema es que con eso va a afectar también a la minería artesanal. Estas cosas no se pueden hacer desde el escritorio, requieren un proceso de comunicación y análisis para ver qué soluciones se les da”, sostuvo.
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¿Reformular la ley MAPE?
En medio de esta ampliación, los legisladores aún dejan en duda la discusión del proyecto de ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape), iniciativa que reemplazaría al Reinfo y que también proponía un plazo de seis meses para culminar los trámites en curso, pese a que cerca un 80% de registros están suspendidos.
Incháustegui señaló que una de las medidas que podría plantear el Gobierno en paralelo es que se convoque un diálogo entre todos los actores, contando a la minería artesanal, las empresas y el Estado, para revisar y evaluar si es que hay algún punto de mejora en la Ley Mape.
Aunque consideró que la reciente propuesta no necesita grandes modificaciones, reconoce que las protestas recientes indican que podría requerir ajustes para aclarar su alcance.
Desde el lado del Congreso, señaló que los legisladores pudieron pedir, por ejemplo, una ampliación de la legislatura para que se pueda debatir sobre esta ley. Sin embargo, señaló que la posición del Legislativo demostró que no hay realmente interés por profundizar el tema.
“Eso es lamentable. Se debe pensar más en el mediano y largo plazo. La minería artesanal es una actividad milenaria que puede generar mucho desarrollo y cerrar las brechas si es que está bien definida, y para eso se necesita tener una reflexión profunda en torno a la Ley Mape”, indicó.
Por su parte, Herrera Descalzi criticó que, aunque la Ley Mape representa una modernización para la formalización minera, no soluciona el problema de fondo que es la minería ilegal. Si bien indicó que la iniciativa “establece que los asuntos faltantes serán reglamentados” no se tiene una idea clara de cómo el Estado va a organizarse para combatir on la minería ilegal.
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